LA VOZ MUNDO

Venezuela camina hacia la dictadura

Interna y externamente crece la alarma sobre el entramado jurídico que vulnera mecanismos democráticos

La Asamblea chavista da más poder al presidente y se lanza a aprobar normas coercitivas antes de la llegada en enero de la oposición

Autor: Pedro García Otero

Harold Escalona / EFE

Los extranjeros no podrán «emitir opiniones que ofendan las instituciones del Estado o a los altos funcionarios», bajo pena de expulsión del país para ellos e inhabilitación política para quienes los inviten. Las oenegés consideradas políticas no podrán recibir financiamiento del exterior. En Internet, teléfono móvil, radio y televisión, los proveedores tienen prohibido difundir mensajes, en cualquier horario, «que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía, o que atenten contra las buenas costumbres (sic)», y un SMS puede ser castigado con prisión. Las emisoras radiofónicas no podrán conformar circuitos ni transmitir información de otras radios o televisiones. Los bancos no podrán tener aseguradoras, ni casas de bolsa. Los diputados no podrán cambiar de partido político, bajo pena de inhabilitación.

Esta es la larga lista la de prohibiciones -y penas desproporcionadas en relación con la falta- que, a toda carrera y antes de cesar en sus funciones, está convirtiendo en leyes la Asamblea Nacional de Venezuela, conformada exclusivamente por partidarios del presidente Hugo Chávez, antes de que el 5 de enero se constituya el nuevo legislativo, una Cámara más plural, ya que más de un tercio de los escaños los ocupará la oposición.

Durante 12 años, el legislativo ha dado a Chávez la facultad de legislar por decreto en tres oportunidades. El viernes, los diputados salientes le renovaron esa facultad por un año y medio.

La diputada ex chavista Pastora Medina considera que Chávez «está consolidando una dictadura, yendo más allá de los poderes institucionales para gobernar».

«Brutal y sin anestesia»

«Es un ataque brutal y sin anestesia contra la vida democrática venezolana», afirma el izquierdista y editor Teodoro Petkoff sobre la andanada legal, en la que se han aprobado hasta cinco leyes en un día, en maratonianas jornadas en las que prácticamente no hay discusión y en las que se han violando numerosos procedimientos parlamentarios y constitucionales.

No solo en Venezuela ha cundido la alarma entre quienes piensan que Chávez está cerrando el círculo de un sistema autoritario; en el exterior, organismos supranacionales y diversos Gobiernos han manifestado su preocupación por el giro totalitario venezolano.

Estados Unidos habla de «subversión de la voluntad del pueblo», a través de la Ley de Habilitación y las leyes que se están aprobando en virtud de la crisis humana por las fuertes lluvias, que han dejado 130.000 damnificados. Sin embargo, esa ley faculta a Chávez a legislar en temas como telecomunicaciones y ordenación territorial, aparentemente muy alejados de la urgencia.

Además, están las coerciones no escritas: con la excusa de colocar damnificados, el Gobierno ha ocupado militarmente hoteles, estacionamientos y otros inmuebles privados sin siquiera solicitar permiso a sus propietarios, y ha continuado expropiando miles de hectáreas de tierras agrícolas productivas.

Especial preocupación entre los expertos causan las leyes relacionadas con las oenegés y medios de comunicación, todos percibidos como «conspiradores» y «apátridas», según los epítetos tradicionalmente preferidos por el Gobierno para quienes se le oponen.

La prensa, en el objetivo

Catalina Botero, relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que la reforma ley de Telecomunicaciones o la de Responsabilidad Social en Radio y TV «cierra todos los espacios de deliberación democrática en Venezuela». «Se aleja cada vez más de los estándares del sistema interamericano en esta materia», afirma.

Y además, Andrés Cañizález, investigador de la Universidad Católica, destaca el carácter desproporcionado de las sanciones: El «irrespeto de las instituciones», vago como puede parecer el enunciado, establece una pena de hasta el 10% de los ingresos brutos anuales; la reincidencia en el mismo «delito», cierre definitivo de un canal de televisión o emisora radiofónica.