LA VOZ MUNDO

Berlusconi afirma que los jueces espían a más de siete millones de italianos con escuchas telefónicas

Autor:María Signo | Corresponsal

El jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró ayer que en su país hay siete millones y medio de italianos espiados por culpa de las interceptaciones telefónicas que se realizan durante las investigaciones judiciales. «Hay 150.000 teléfonos bajo control: considerando 50 personas por cada teléfono, salen así 7 millones y medio de personas que pueden ser escuchadas», argumentó durante su intervención ante la asamblea de la Confederación General de Comercio. «Esta no es una democracia verdadera. No existe tutela de la palabra», se lamentó. Al tiempo, acusó a magistrados y periodistas de formar parte de un grupo de presión que se opone a su proyecto de ley sobre las escuchas telefónicas, que castiga con fuertes multas y penas de cárcel a quien las publique o divulgue.

En un nuevo ataque a las instituciones de su país, Berlusconi se cebó con la Constitución. En línea con lo dicho hace unos días, afirmó que el jefe del Gobierno italiano no tiene el mismo poder que sus colegas europeos a causa de la «arquitectura institucional». Por este motivo insistió en la necesidad de reformar la Carta Magna para hacerla más adecuada a un Estado moderno. Según aseguró, las dificultades que tiene para gobernar y llevar adelante sus proyectos le hacen pensar en dejar la política: «A veces pienso, ¿quién me obliga a hacer esto? Mejor vuelvo a hacer lo que hacía antes o me jubilo», indicó.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, salió al paso de los datos ofrecidos por Berlusconi explicando que en el 2009 no llegaron a 120.000 los teléfonos interceptados, mientras fueron unos 10.000 los micrófonos ocultos para un total de 132.000 escuchas, con un costo de 272 millones de euros. «Los gastos son adelantados por el Estado pero, en caso de condena, van a cargo del condenado», añadió.

Sobre la ley mordaza que limita las interceptaciones telefónicas se está librando un duro pulso entre Berlusconi y Gianfranco Fini, cofundador del Pueblo de la Libertad y presidente de la Cámara de los Diputados, que ha puesto muchas objeciones a la ley. Berlusconi tiene prisa por aprobarla y la querría ya en vigor durante el verano. Tampoco quiere que el texto que salió del Senado sea modificado. Ante las protestas de la oposición, que teme de nuevo la vía de urgencia que negaría la posibilidad de discusión y corrección de la ley, Fini aseguró el martes que la Cámara de Diputados respetará los tiempos legales, lo que haría que la ley deba esperar al otoño para ser aprobada.