El FMI insta a Portugal a ejecutar más recortes para ahorrar 4.000 millones
La receta pasa por bajar salarios, pensiones y despedir funcionarios
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA Lisboa
El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. / EFE
El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ya avisó hace un mes:
el Estado portugués —que sobrelleva un progresivo y creciente recorte
de servicios desde hace un año y medio— va a tratar de ahorrar 4.000
millones de euros más al año a base de adelgazar la función pública.
Para buscar ideas de dónde hacerlo, el Ejecutivo portugués pidió un
informe al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, hecho público este
jueves, ha desencadenado la polémica (y el miedo) en la población lusa, ya hecha a cortes y ajustes constantes y repetitivos. Los
técnicos de la institución radicada en Washington aconsejan, entre
otras medidas, despedir funcionarios, aumentar el horario laboral para
los empleados públicos, reducir (más) las prestaciones por desempleo y
recortar (aún más) las pensiones. Solo de este modo, aseguran, se
llegará a esos 4.000 millones de euros de ahorro que el Gobierno liberal
de Passos Coelho considera necesarios para reformar el Estado a fin de
que, a su juicio, la sociedad portuguesa sea eficiente y competitiva.
Para empezar, los especialistas del FMI aseguran
que el sistema portugués de protección social “está dirigido
desproporcionadamente a los más ricos y los más viejos”. Y añade:
“Empuja a los trabajadores más jóvenes para fuera mientras mantiene a
los más viejos dentro”. Y para solucionar eso propone que el subsidio de
desempleo, que ahora en Portugal dura 26 meses y que ya ha sufrido
recortes, tenga menos duración y que, a partir del décimo mes, se
reduzca aún más hasta pasar a ser simplemente el pago de un subsidio
social de poco más de 400 euros.
El
FMI recomienda reducir el salario de los funcionarios en una cuantía
que oscila entre el 3% y el 7%, y deshacerse de hasta 120.000
funcionarios
El
FMI también recomienda reducir el salario de los funcionarios en una
cuantía que puede oscilar entre el 3% y el 7%, y deshacerse de hasta
120.000 empleados públicos (de un 10% a un 20%), centrándose, sobre
todo, en profesores, profesionales sanitarios y funcionarios de baja
cualificación. Además, los técnicos del Fondo recomiendan acabar con la,
a su juicio, discriminación que sufre el resto de asalariados, que
trabajan 40 horas semanales, con respecto a los funcionarios, cuya
jornada semanal es de 35. Naturalmente, la igualación es por arriba:
todos trabajarán 40 horas.
A
juicio del FMI, el pago por consultas médicas (implantado ya en
Portugal) podría incrementarse hasta llegar al tercio del gasto que
suponga la prestación correspondiente. Ahora mismo, ir a urgencias en un
sanatorio o en un hospital de Lisboa cuesta 20 euros. Si el Gobierno
aceptara la explosiva sugerencia del FMI esta consulta de urgencias
llegaría a costar casi 50 euros, según explicaba hoy el Diário de Notícias, que añade que una mamografía puede llegar a costar 15 euros y una consulta de médico de familia quedaría en los diez euros.
Los
pensionistas, que en su gran mayoría han visto volatilizarse sus pagas
extras, aún se verán peor. A juicio del FMI, para empezar, hay que subir
la edad de jubilación de los 65 a los 66 años, reducir un 20% lo
recibido por los pensionistas de la función pública e igualar —por
abajo, evidentemente— el sistema de pensiones de todos los trabajadores a
fin de ahorrar.
El
informe ha levantado una considerable polvareda mediática. La izquierda
acusa al Gobierno de Passos Coelho de desmantelar concienzudamente y
pieza a pieza el país, y de instaurar una sanidad que va a costar más
que un mero seguro privado. El secretario de Estado portugués, Carlos
Moedas, ha aclarado que el informe “muy bueno y muy bien trabajado” será
estudiado por el Gobierno, lo que no quiere decir que comulgue o no con
sus medidas concretas.
De cualquier manera, el Gobierno, que en febrero piensa presentar a latroika (Comisión Europea, Banco central Europeo y el propio FMI) su
propio plan de ahorro, ya se ha apuntado un punto con la exposición
pública del informe al conseguir un objetivo evidente: que el país
entero debate ya de dónde recortar 4.000 millones y que, quiera o no, se
vaya haciendo a la idea de lo que le espera.
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