LA VOZ MUNDO

El ministro anti militar que mordió el polvo del CESID

NARCÍS SERRA nació el 30 de mayo de 1943 en Barcelona, en el seno de una familia típica de la burguesía catalana. Su vista deficiente y el haber nacido con los “pies planos”, evitaron que cumpliera el servicio militar obligatorio de la época.

Vivió su infancia y juventud en un entorno eclesial, siguiendo sus estudios prescolares en el colegio de la Inmaculada Concepción de su ciudad natal, tutelado por su tía Mercedes (hermana de su madre), monja de la orden y profesora del centro, y los del bachillerato en el Colegio Balmes de las Escuelas Pías. Esta educación y su carácter tranquilo y bondadoso, llevaron a su padre a pensar, erróneamente, que se ordenaría sacerdote. De hecho, ya adulto, solía visitar a las religiosas de su antiguo colegio en reuniones que amenizaba con pequeños conciertos informales de piano, instrumento que llegó a dominar con gran soltura.

Esa delicada afición musical, le proporcionaría un desagradable aprieto político, cuando “Diario 16” (18/11/1988) descubrió y publicó en primera página la compra de un piano con fondos públicos del Ministerio de Defensa para instalarlo en su domicilio madrileño de la calle Ebro (Colonia de El Viso). Una acción desafortunada que Serra superó con habilidad, pero que, trascendida con gran notoriedad a la opinión pública, serviría también más tarde para que un compañero del partido socialista, Eduardo Martín Toval, le caracterizara, irónica y lapidariamente, como “gran pianista”, al requerirle el periodista Carlos Bellver en una entrevista para la revista “Panorama” opinión sobre el personaje, entonces recién nombrado vicepresidente del Gobierno.

Volviendo a su entorno familiar, hay que señalar que a través de su tío Narciso De Carreras, casado con otra hermana de su madre y del que tomó su nombre de pila, estuvo muy influenciado por la Lliga Regionalista, partido de corte conservador y democristiano de gran relevancia antes de la Guerra Civil, considerado precursor de Convergència i Unió (CiU). En su juventud, éste abogado y prohombre catalán fue secretario personal de Francesc Cambó (y en su momento albacea testamentario), alcanzando con el tiempo la presidencia de dos instituciones señeras: el Fútbol Club Barcelona entre 1968 y 1969 (suya es la frase “el Barça es más que un club” que pasaría a adoptarse como lema de la institución) y La Caixa en 1972.

En Cataluña siempre fue conocida la estrecha relación de amistad de Narciso De Carreras con Agustín Muñoz Grandes, el único militar que obtuvo en vida la graduación de capitán general junto a Franco, quien incluso llegó a designarle vicepresidente del Gobierno en julio de 1962, lo que le proporcionó el respeto generalizado del régimen franquista. En su despacho profesional de la Rambla de Cataluña también colaboraría José Serra, padre de Narcís, completándose de esta forma el círculo de su padrinazgo y la gran ascendencia que tuvo sobre él.

Otra de las grandes referencias en el entorno personal de Narcís Serra sería la de Rosendo Rosell, presidente de la Lonja de Cereales de Barcelona y propietario de la empresa PICROSA (Piensos Compuestos Rosell S. A.), en la que hizo participar de forma minoritaria a su padre, y a quien también facilitó ejercer como abogado-secretario de la asociación que entonces integraba a los algodoneros catalanes.

Tras cursar la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad Central de Barcelona, Narcís Serra ingresó en la Cámara Oficial de Industria de Barcelona en 1965 de la mano de su presidente, el empresario metalúrgico Andrés Ribera Rovira, para dirigir la Sección de Estadística. A continuación realizó estudios de post-grado durante dos años en la prestigiosa “London School of Economics”, culminando en 1974 el doctorado en la Universidad Autónomade Barcelona obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, momento en el que obtuvo el nombramiento de profesor ayudante en su Facultad de Ciencias Económicas, que ejerció entre 1965 y 1967. Con posterioridad, desde 1972 y hasta 1975, fue profesor titular en esa misma Facultad y profesor agregado en el curso 1976-77.

A pesar de pertenecer a una familia burguesa, durante su andadura universitaria militó en el FOC (Front Obrer de Catalunya), partido creado de forma clandestina en 1961 y disuelto a principios de los años setenta, que llegó a actuar de forma coordinada con otras organizaciones radicales izquierdistas como el FLP (Frente de Liberación Popular, conocido coloquialmente como FELIPE), liderado por Julio Cerón Ayuso, y ESB (Euskadiko Sozialisten Batasuna). En esa incipiente aventura política, Serra ya estaría acompañado por Miquel Roca i Junyent, quien con el tiempo devendría como él en notable político catalán, y por Pasqual Maragall, que sería su sucesor al frente de la Alcaldía de Barcelona. En aquellos años también fue elegido delegado de la Facultad de Económicas en el SDEUB (Sindicat Democrátic de Estudiants de la Universitat de Barcelona), llegando a protagonizar vivas polémicas con Rodolfo Martín Villa, ya curtido como delegado nacional del SEU. La relación entre ambos políticos se estrecharía hasta el punto de que Serra sería uno de los asistentes a la “exclusiva” cena-homenaje que medio siglo después se le tributó a Martín Villa en Madrid con motivo de su ochenta cumpleaños, a la que también asistió Miquel Roca.

Fue precisamente con Miquel Roca con quien Serra montó en pleno franquismo un gabinete de estudios de inmediato éxito profesional y económico, acompañados por Jaime Solé, economista especializado en temas urbanísticos. Dicha consultoría (Roca-Serra-Solé) estuvo apoyada por “padrinos” de gran influencia en el ámbito empresarial catalán, como Narciso De Carreras, Andrés Ribera Rovira, Luis Carulla (propietario de la agroalimentaria Gallina Blanca) y Pedro Durán Farell. Este último, ingeniero, promotor empresarial y auténtico pionero del gas natural en España, fue quien les proporcionó su encargo urbanístico más emblemático: la redacción del “Plan de la Ribera”, frenado inicialmente pero embrión de lo que sería la remodelación de aquel barrio barcelonés en la década de los años noventa.

Tras consolidar una posición profesional y económica cómoda, Narcís Serra se afilió al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en 1978, buscando una plataforma política más pragmática que el FOC, como había hecho Miquel Roca en 1974 afiliándose a Convergència Democrática de Catalunya (CDC). De hecho, cuando el Gobierno de UCD reconoció a Josep Tarradellas como presidente del Gobierno catalán en el exilio para que asumiera en 1977 la presidencia del Gobierno preautonómico de coalición, Serra ya participaría en su gabinete provisional como consejero titular de Política Territorial y Obras Públicas (1977-1979). En 1979, al celebrarse las primeras elecciones municipales democráticas, fue elegido alcalde de Barcelona, cargo que ocupó hasta 1982.

Ese año, con la victoria del PSOE por amplísima mayoría absoluta en las elecciones generales del 28 de octubre (202 escaños), Narcís Serra fue designado ministro de Defensa, nombramiento gestado por el presidente Felipe González con gran discreción y valorando, sobre todo, su mejor ubicación como auténtica “estrella” del Gobierno. Decisivas al respecto fueron su positiva experiencia al frente del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la buena relación que en ese cargo había mantenido con los capitanes generales de Cataluña (Antonio Pascual Galmes, Ricardo Arozarena Girón y José Antonio Sáenz de Santamaría).

Los hagiógrafos más generosos de Serra como ministro de Defensa han destacado de forma insistente, entre otras cuestiones, que fue el responsable de “modernizar y democratizar las Fuerzas Armadas”. Así lo ha debido querer él personalmente, a tenor de lo que ha contado en su libro “La Transición Militar: Reflexiones en torno a la reforma democrática de las Fuerzas Armadas” (Debate 2008). Sin embargo, la tesis que le presenta como re-conductor del golpismo militar hacia un modelo de Defensa Nacional moderno y plenamente integrado en el Estado democrático, es inexacta y en algunos aspectos incluso opuesta a la realidad más evidente.

Para empezar, la supuesta “democratización” de las Fuerzas Armadas es, en sí misma inexistente, dada su naturaleza orgánica jerarquizada. Cosa distinta sería considerar la evolución ideológica de sus miembros o su actitud electoral, que no dejan de ser tan personales y volátiles como las de los demás ciudadanos.

En todo caso, hay que recordar que no fue el ministro socialista Narcís Serra quien recondujo con pulso firme la deriva militar golpista del 23-F, de cuyo conocimiento previo en el entorno del PSOE caben pocas dudas, sino el gobierno de UCD, que juzgó y condenó a sus protagonistas, elevando incluso las penas a que fueron condenados en Consejo de Guerra por deseo expreso del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Tampoco es de recibo su vana presunción de “democratizar” a todo un estamento militar, que en su inmensa mayoría participó de forma ejemplar en la transición política, abonando con su sangre, más que con ninguna otra, el cambio de régimen y el victimario terrorista.

Del mismo modo, no puede tacharse precisamente de “elegante”, sino más bien de “egocéntrico”, su intento de escamotear el mérito personal de un buen número de altos mandos militares que, a pesar de su inevitable procedencia sociológica, siempre estuvieron a la altura democrática de los mejores políticos civiles. Una larga lista encabezada por el Rey Juan Carlos y en la que los propios socialistas exaltaron públicamente nombres como los de Manuel Díez-Alegría, Manuel Gutiérrez Mellado, Sabino Fernández Campo, Emilio Alonso Manglano, Jesús González del Yerro, Juan Cano Hevia, José María Sáenz de Tejada… Todos ellos auténticos defensores de la democracia frente a la demagógica utilización socialista de movimientos como la Unión Militar Democrática (UMD), en su origen tan innecesario como indisciplinado.

Por otra parte, la modernización material y funcional de las Fuerzas Armadas, que durante el franquismo estuvo ciertamente anclada en la obsolescencia, también tiene su origen en los sucesivos gobiernos de UCD, como sucedió en otros ámbitos de la vida nacional (la reforma fiscal, el divorcio…). Y fue la Ley 44/1982, de Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, sancionada también con el Gobierno centrista de Calvo-Sotelo, la que estableció el instrumento presupuestario de largo alcance necesario, cuya vigencia sería además “prorrogada” sin cambio sustancial alguno hasta 1998 por los sucesivos gobiernos socialistas, primero con la Ley 6/1987 y después con la Ley 9/1990…

Este “continuismo” fue tan evidente que, tras iniciarse los programas de modernización de la Armada y de la Fuerza Aérea (los más costosos con mucha diferencia), el propio ministro Narcís Serra fue incapaz, por ejemplo, de reconducir el Programa FACA, orientado por la UCD a la adquisición del avión estadounidense F-18 “Hornet”, hacia las ofertas de la industria aeronáutica europea (combinación del “Mirage-2000” y del “Tornado”) respaldadas por los expertos socialistas del momento (Luis Solana, Enrique Múgica…) y por el propio director general de la División de Defensa del INI, Gabriel Peña Aranda… Es más, en contra de la opinión generalizada dentro del PSOE, Narcís Serra mantuvo en el puesto de subsecretario de Defensa al titular heredado de la UCD, Eduardo Serra, elevándole incluso a la categoría de SEDEF (Secretario de Estado de Defensa) para que culminara a su antojo todo ese proceso de modernización diseñado e iniciado por el partido predecesor en el gobierno, que finalmente quiso capitalizar como iniciativa propia.

Lo cierto es que todas las adquisiciones del momento estuvieron presididas por el interés político y comercial, más que por razones técnicas y de necesidad militar práctica. Todo lo contrario de lo que sucedía de forma generalizada en los países incorporados a la OTAN, donde, una vez fijados los presupuestos de adquisición por el gobierno correspondiente, primaba el criterio profesional de las Fuerzas Armadas para seleccionar los sistemas de armas más adecuados al cumplimiento de sus objetivos.

También existe clara constancia de que los ingentes presupuestos de Defensa gestionados por Narcís Serra durante casi una década (octubre de 1982 a marzo de 1991), incumplieron de forma flagrante la condición fundamental impuesta por la citada Ley de Dotaciones Presupuestarias para fomentar, con ellas, el desarrollo de la industria de defensa nacional, fundamentalmente en los subsectores claves de óptica, electrónica y comunicaciones. En el decenio 1982-1991, los gastos de Defensa superaron la increíble cifra de 6,7 billones de pesetas, dedicándose algo más de la mitad (3.463.425 millones de pesetas) a la adquisición de sistemas de armas de tecnología básicamente estadounidense “envueltos en papel de celofán”, es decir listos para usar, impidiendo con esa política que los fabricantes españoles pudieran desarrollar su propio I+D y recortar el diferencial de su “brecha” tecnológica. De hecho, el mangoneo de aquellos presupuestos de Defensa en un marco industrial claramente antieuropeo y sujeto a permanentes sospechas “comisionistas”, propiciaría en julio de 1987 el cese simultáneo de los dos principales colaboradores de Narcís Serra en la materia, Eduardo Serra (SEDEF) y el general José Antonio De Andrés Jiménez (DGAM), muy presionado por el sector “guerrista” del Gobierno.

Entre las críticas vertidas contra aquella comprometida gestión presupuestaria del equipo formado por Narcís Serra y Eduardo Serra, hay que destacar, por su expresividad, el artículo de opinión retrospectiva titulado “Las oscuras cuentas de Serra & Serra”, publicado en “El Independiente (07/08/1991) por Abel Hernández, periodista que en 1996 terminaría siendo contratado por el propio Eduardo Serra como jefe de prensa del Ministerio de Defensa para reconducir el descrédito público que le habían producido sus gravísimas acusaciones previas:

Las cuentas del Ministerio de Defensa durante la etapa socialista no están claras, como ha puesto de relieve este periódico. La etapa de los Serra –Narcís y Eduardo- ofrece indicios de despilfarro y descontrol. De 1982 a 1987 hay, según el Informe del Tribunal de Cuentas, un “agujero” de 162.000 millones de pesetas sin justificar. La compra de armamento para modernizar las Fuerzas Armadas, después del golpe del 23-F y la arrasadora victoria socialista en las urnas, se presenta como uno de los escándalos más graves desde la muerte de Franco. Hasta ahora se ha procurado echar tierra encima, pero ya no tiene más remedio que intervenir el Parlamento. Puede que también la justicia ordinaria.

Durante esa época, Eduardo Serra, un personaje clave, muy relacionado con USA, que viene de la UCD y que está en el ojo del huracán, era secretario de Estado y encargado del área económica del departamento. En estas páginas hemos dado rigurosa noticia este verano del “proyecto Orión”, un puesto de mando antinuclear en los Montes de Toledo, en el que se han enterrado inútilmente unos 10.000 millones de pesetas. Tras el informe del Tribunal de Cuentas se confirma la “alegría” gastadora del Ministerio de Defensa en la década de los ochenta.

Izquierda Unida es, sorprendentemente, la única fuerza política que se ha apresurado a pedir cuentas en el Parlamento. Es preciso conocer en cuántos proyectos de estudio o fabricación de armas ha entrado España en ese tiempo, cuántos ha abandonado, cuánto han costado, en qué bancos extranjeros se han depositado los cuartos, qué fondos hay ahora mismo en bancos USA para comprar material de defensa, con destino a qué empresas, cuándo autorizó Hacienda esos pagos, etc… Son algunas de las preguntas elementales del diputado Antonio Romero, mientras el Tribunal de Cuentas pide inútilmente facturas. Si no se aclara convincentemente este caso, el vicepresidente Serra verá limitada o cortada su prometedora carrera política, aunque esto sea España.

En ese mismo contexto “modernizador” de las Fuerzas Armadas, mucho habría que decir también acerca de otras cuestiones planteadas antes y durante los nueve años en que Narcís Serra fue ministro de Defensa. Por ejemplo, se tendría que recordar quién introdujo de hecho a España en la OTAN y quién, a continuación, cuestionó la plena incorporación de nuestras Fuerzas Armadas a su estructura militar… Y, desde luego, quién fue el ministro de Defensa que obstaculizó la modernización material del Ejército de Tierra hasta límites de difícil recuperación…

Narcís Serra, personaje sibilino que elevó el “secretismo” de su política ministerial a cotas realmente paradigmáticas, también supo enmascarar ante la opinión pública la implicación directa de España en la Guerra del Golfo (la “Operación Tormenta del Desierto”, 1990-1991), apoyando al “gendarme” estadounidense de forma soterrada. Una intervención centrada básicamente en la “logística” militar, pero sin duda decisiva en el conjunto estratégico y de planeamiento bélico.

Por otra parte, la labor de Serra en el ámbito normativo fue realmente devastadora, colisionando en muchos casos de forma frontal con su supuesta acción “democratizadora” de las Fuerzas Armadas, con la que ha querido resumir su particular versión de la “transición militar”. A título de ejemplo, conviene recordar algunos de sus “decretazos”:

• Real Decreto-Ley 3/1985, de 10 de julio, por el que se modifica la estructura y funciones de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos.

En realidad, esta disposición suprimió las funciones más importantes de los Consejos Superiores, cuestionando su propia razón de ser. En su disposición transitoria derogó expresamente el artículo 12 de la Ley 48/1981 de clasificación de mandos y regulación de ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra, en el que se disponía que los ascensos al generalato y sucesivos “se otorgarán por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, por elección entre [los que cumplieran ciertas condiciones] y hayan sido incluidos en los cuadros de elección por el Consejo Superior del Ejército”.

Sobre este Real Decreto-Ley, cabe añadir la acendrada defensa de los Consejos Superiores, a punto de quedar vacíos de contenido, que entonces hizo el diputado de AP (Alianza Popular) Jorge Verstrynge.

También merece la pena recordar la anécdota que, al respecto, marca la personalidad de Narcís Serra: A finales de septiembre de aquel año (1985), y ya con pocas esperanzas de que los Consejos Superiores se volvieran a reunir, el CESID informó precipitadamente al ministro de que el organismo de Tierra, con todos sus tenientes generales, se encontraba “concentrado” en el Palacio de Buenavista, sede de su Cuartel General, éste activó descompuesto todas las alarmas “contragolpistas” hasta que el JEME le recordó telefónicamente que le estaban esperando para celebrar su habitual almuerzo mensual, que, en aquella ocasión, el propio Serra tuvo que encargar al restaurante “Jockey” literalmente a uña de caballo.

Finalmente, sería su “segundo de a bordo”, el adaptable Eduardo Serra, quien, nombrado con el tiempo ministro de Defensa por José María Aznar, consumaría con la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, el artificio funcional de los Consejos Superiores, limitando sus competencias a “emitir informes” y “ser oídos” en relación con el nombramiento de sus jefes de Estado Mayor respectivos así como en los expedientes disciplinarios de carácter extraordinario que afectasen al personal correspondiente.

• Orden Ministerial 360/18522/82, de 23 de diciembre, para la realización de la clasificación atenuada de la VIII Promoción de la Academia General Militar.

En contra de lo dispuesto en el Reglamento correspondiente (una mera “ordenación” de las promociones cuyos componentes, todos ellos, realizarían el Curso de Mandos Superiores) esta orden ministerial dispuso a priori la “no clasificación” del 40 por 100 de esa VIII Promoción, anomalía en principio casi desapercibida y que se debió a la argumentación del entonces director de la Escuela Superior del Ejército, el teniente general Juan Cano Hevia, de que en sus aulas no cabían promociones completas.

Con aquel criterio tercermundista, se cercenaban incluso las carreras de los dos profesionales teóricamente más brillantes de la primera promoción sobre la que se aplicaba: José Romero Alés y Miguel Alonso Baquer. El teniente general Ascanio, entonces al frente del Estado Mayor del Ejército, no aceptó una situación tan absurda e hizo llegar al ministro Narcís Serra el desacuerdo que existía al respecto entre el Consejo Superior del Ejército y la Junta de Clasificación, intentando nombrar un nuevo órgano colegiado para establecerla con mayor coherencia. Aquella posibilidad fue rechazada por los retrasos que iba a producir y el propio JEME ordenó, fuera de toda norma conocida, que se “apeara” de la clasificación elaborada a sus dos últimos candidatos, incluyendo en su lugar a los dos reconocidos profesionales que habían sido eliminados previamente.

Ante tales anomalías, y desde luego con la tibieza propia del innato apego militar a la obediencia --en aquel caso sin duda “indebida”--, se empezaron a presentar una serie de recursos jurisdiccionales, propiciando que la Audiencia Nacional anulara las correspondientes “no clasificaciones”, al considerar que el sistema empleado era ilegal, unas veces per se y otras por la indefensión que suponía desconocer a los propios “clasificadores”, cuyo nombramiento era secreto. Dichos clasificadores (una decena larga de generales de brigada y más de cien coroneles), cumplieron servilmente su función, sin tan siquiera vislumbrar que la llamada “clasificación atenuada” a la que debieron someter a los miembros de las seis promociones anteriores a la XIV no era esa “clasificación básica” que aceptaron realizar y que consumaron de forma ilegal.

No obstante, Narcís Serra llevó el sistema a sus últimas consecuencias, puesto que, aun cuando la Audiencia Nacional ratificó su ilegalidad de forma reiterada, los sucesivos jefes de Estado Mayor no lo variaron por la previsible avalancha de reclamaciones que produciría un reconocimiento de esa naturaleza. En cualquier caso, nunca se podrá restaurar el tremendo daño que su Orden Ministerial 360/18522/82 causó en el seno del Ejército de Tierra, truncando con la mayor arbitrariedad del mundo cientos de carreras profesionales y desmotivando a sus miembros ante la bochornosa visión de un mando militar que aceptaba cualquier manipulación ministerial con tal de seguir cobijado a la sombra del poder político.

• Real Decreto-Ley 13/1984, de 12 de diciembre, por el que se añade un nuevo apartado (número 3) al artículo 4 de la Ley 20/1981, de 6 de julio, de creación de la situación de reserva activa y fijación de las edades de retiro para el personal militar profesional.

Constaba de un único artículo, que disponía: “El Jefe del Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos permanecerán en el Grupo de Mando de Armas o Grupo ‘A’ mientras continúen en el desempeño de sus cargos. Esta continuidad no podrá determinar que el periodo de permanencia en aquel cargo sea superior a cuatro años”. El prudente mandato recogido en la segunda frase del artículo fue, no obstante, dinamitado por el mismo ministro Narcís Serra con la Ley 17/1989, hasta que su homólogo Eduardo Serra consagrara la “inmortalidad” profesional de los JEME,s diez años más tarde con la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

• Orden Ministerial 33/1985, de 10 de junio, por la que se modifica la redacción de los artículos 86 y 87 del Reglamento de Clasificación.

Con esta Orden Ministerial, Narcís Serra autorizaba al Consejo Superior del Ejército a alterar arbitrariamente el criterio de la Junta de Clasificación, con el interés subrepticio de no clasificar a un teniente coronel de la XI Promoción, sobrino del teniente general Jaime Milans del Bosch condenado por su participación en el golpe del 23-F, al que la Junta de Clasificación ya había declarado objetivamente apto para realizar el Curso de Mandos Superiores. Lo más vergonzoso del caso fue que el “leguleyo” responsable de aquella modificación torticera, el incombustible Miguel Silva Vidal, no tuvo en cuenta que los citados artículos 86 y 87, de superior rango legal, se referían además a las “clasificaciones básicas”, cuya aplicación se hubiera debido comenzar en el tercer trimestre de 1987 con la XIV Promoción, y no en diciembre de 1982 con la “clasificación atenuada” de la VIII Promoción.

• Real Decreto 1128/1985, de 3 de julio, sobre situaciones de retiro o segunda reserva.

En equiparación con el funcionario civil, redujo a los 65 años de edad el retiro de los militares, pero conservando un “pre-retiro” en la situación de reserva, al que pasaban al menos siete años antes con la perdida de su puesto de trabajo y de una importante parte de sus retribuciones ordinarias. Más tarde, esta expectativa de retiro se alargó, pero a favor exclusivo de la cúpula militar, primero con la Ley 17/1989 (de Narcís Serra) y después con la Ley 19/1999 (de Eduardo Serra).

Ésta sería la primera disposición normativa contestada de forma masiva por el personal militar. Contra ella se plantearon casi trescientos recursos, solicitando que, dado su carácter igualatorio en relación con el funcionario civil a efectos de la edad de retiro, tuviera también el mismo reflejo de continuidad retributiva hasta los 65 años de edad. El entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Sáenz de Tejada, afirmó públicamente que la JUJEM había trasladado esta inquietud al propio ministro de Defensa, Narcís Serra, acordando con él que, como se  seguirían interponiendo recursos, la igualación retributiva se produciría al año siguiente… El desánimo y las presiones ministeriales encubiertas lograron que no se presentaran más recursos y que la igualación reclamada quedara aparcada sine die en el limbo administrativo.

• Real Decreto 1000/1985, de 19 de junio, de creación de la reserva transitoria en el Ejército de Tierra.

Esta normativa tuvo por objeto eliminar los excedentes de plantilla del Ejército de Tierra, siendo ampliada al año siguiente a la Armada y al Ejército del Aire.

Narcís Serra la desarrolló imponiendo dos condiciones ilegales. Por un lado que, siendo el acceso a la reserva transitoria en sí mismo irreversible, quienes se acogían a ella no recuperaban la totalidad de sus derechos fundamentales --restringidos al personal militar-- hasta cumplir tres años de permanencia en la misma. Y, por otro, que el ascenso al empleo superior reconocido en la propia norma, se otorgaba también a quienes no cumplían las condiciones legales previas para ello.

El primer beneficiario de esta manifiesta ilegalidad, fue uno de sus más conspicuos impulsores, el entonces capitán del Arma de Ingenieros Miguel Silva Vidal, devenido con el tiempo nada menos que en “legislador” oficioso del Ministerio de Defensa, entonces destinado en el gabinete técnico de su titular, Narcís Serra. Con anterioridad, el capitán Silva había renunciado a realizar el curso legalmente indispensable para ascender a comandante, rango que sólo pudo alcanzar por esa heterodoxa vía. Pero tal artimaña ministerial, no beneficiaría solo a su patrocinador. También sería un regalo para otros miles de compañeros que, sin cumplir tampoco las condiciones legales previas de acceso al empleo superior, se acogieron naturalmente a la misma prebenda, generando así repercusiones económicas en cascada de miles de millones de pesetas que convirtieron el ascenso de Silva en el más gravoso de todos los tiempos para el erario público; cuestionando, como es lógico, el “ojo clínico” del ministro-economista Narcís Serra formado en la reconocida “London School of Economics”.

• Real Decreto 1751/1990, de creación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Con esta iniciativa, basada en su experiencia previa de especulador urbanístico (en el despacho Roca-Serra-Solé), Narcís Serra creó un organismo ministerial autónomo cuya misión era desalojar sucesivamente todas las casas que los militares ocupaban legalmente al amparo de la normativa anteriormente vigente. Se trataba de una operación inmobiliaria tan indecente como oscura, denunciada de forma reiterada por la oposición política del PP, pero que, no obstante, concluiría “a la baja” su ministro de Defensa Eduardo Serra durante la VI Legislatura.

En todo caso, este Real Decreto de Narcís Serra fue sin duda alguna el más recurrido e inútil de toda la historia jurídico-legal española. Significó también el éxito corporativo de la primera asociación militar nacida en el nuevo régimen democrático (la antigua HEPERMISA, reconvertida más tarde en AME - Asociación de Militares Españoles), que tuteló legalmente a los amenazados de desahucio hasta conseguir las sentencias favorables, dictadas por la Audiencia Nacional, contra la resolución del INVIFAS que calificó como “viviendas de apoyo logístico” la casi totalidad de las 48.000 que integraban el parque residencial del Ministerio de Defensa…

Al margen de todas estas disposiciones “menores”, realmente poco edificantes, y de otro nefasto paquete normativo que por tener rango de Ley habría que criticar de forma menos personal, en el balance de la “democratización” de las Fuerzas Armadas al que con tanta desenvoltura se afecta el propio Narcís Serra, habría que incluir también sus actuaciones ministeriales “omitidas”, algunas realmente flagrantes y reprobables en un sistema político democrático, como el que dice haber promovido. Entre ellas, destacan sobre todo dos, en efecto reveladoras.

En primer lugar, durante su largo mandato ministerial, que incluyó dos legislaturas con mayoría parlamentaria socialista absoluta, no tuvo el menor interés por adecuar el contenido de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, modificada con criterios preconstitucionales por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, al espíritu y la letra de la Carta Magna. Su conocida y abusiva política de “secreteo”, bien alejada de los auténticos “secretos de Estado”, navegó pues tan ricamente como quiso al socaire de los mismos aires franquistas que con tanto descaro afirmó haber purificado con su vocación “reformista” y “democrática”. Una línea de actuación perfectamente asimilada por los sucesivos ministros de Defensa, incluidos los del PP, Eduardo Serra y Federico Trillo-Figueroa.

Por otra parte, el ministro Narcís Serra también hizo caso omiso de los compromisos del PSOE con el asociacionismo militar más reivindicativo, proclamados públicamente en su XXVII Congreso (Madrid, diciembre de 1976), que fue el primero celebrado en España tras la Guerra Civil. Las resoluciones de dicho Congreso superaron con creces la propuesta realmente “democratizadora” ya formulada por la UMD en su Segundo Manifiesto, fechado en diciembre de 1975, exigiendo “reconocer al militar los derechos de reunión, asociación y libre expresión, en igualdad de derechos con el resto de la población civil…”.

Aún más, como ministro de Defensa, y en un ejercicio de deslealtad institucional sin precedentes, Serra mantuvo expresamente incumplido el mandato parlamentario recogido en la disposición final segunda de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: “El Gobierno deberá dictar las normas de desarrollo relativas al ejercicio de deberes y derechos individuales en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley”. Una disposición bien comprensible, de inequívoca interpretación legal y política, incluida in extremis por los parlamentarios constituyentes para enmendar aquellos contenidos que, dada la precipitación histórica con la que fueron redactados y sancionados, en una consideración más sosegada se mostraran discordantes con el propio texto de la Carta Magna. Con su comportamiento interesadamente “ignorante”, Narcís Serra también dejó en evidencia la autoridad de las Cortes Generales para emitir mandatos sobre iniciativas legislativas gubernamentales.

En parecido orden de irresponsabilidad y dejación política, habría que situar el control, o más bien el “descontrol”, de los Servicios de Inteligencia bajo su directa autoridad. Porque ¿quién, sino él, derivó el obligado servicio del CESID al Estado hacía intereses gubernamentales y aún partidistas, implicándole también en la lucha ilegal contra ETA y en otras actividades delictivas…?

De hecho, en esta última consideración (la escandalosa degeneración de los Servicios de Inteligencia durante sus años de responsabilidad competencial) se encuentra precisamente su “evasión” del ministerio de Defensa en marzo de 1991, pretendida personalmente con algo de anterioridad y vetada por el vicepresidente Alfonso Guerra para que asumiera o purgara los entuertos pendientes. Sólo el desencuentro final de Guerra con González, consumado con la dimisión del número dos del gobierno socialista en enero de 1991 por un caso de corrupción “colateral” (protagonizado por su hermano Juan), permitiría a Serra abandonar aquella cartera y sustituirle como vicepresidente “multiuso” durante un cuatrienio. Con ese nombramiento, y por fin alejado del “polvorín” de Defensa, se le abría la posibilidad de consolidar su imagen política y relevar a Felipe González en su momento como candidato-líder del PSOE en las elecciones generales.

Tras la nueva victoria socialista de 1993, Serra reafirmó su estrategia “sucesoria” manteniéndose como vicepresidente del Gobierno y proyectando una imagen de “presidenciable” impecable: siempre amable, sibilino y constante en su objetivo de acreditación pública; prudente sin dejar de ser ambicioso, como buen valido encubierto; evolucionando sutilmente hacia el neoliberalismo más avanzado; halagador y condescendiente con el aparato partidista que le rechazaba… Todo ello hasta que los “secreteos” y las potentes minas que había sembrado en el CESID estallaron con efecto retardado, desalojándole de la vicepresidencia del Gobierno y hundiendo cualquier aspiración política de futuro.

Su dimisión y finiquito político se produjo el 2 de julio de 1995, prácticamente dentro de un “paquete” sin precedentes en la vida política nacional, que arrastró también a su sucesor como ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al “intocable” director general del CESID, el teniente general Emilio Alonso Manglano. Oficialmente, las tres dimisiones fueron consecuencia del “escándalo de las escuchas ilegales” realizadas por el CESID, pero tenían raíces mucho más profundas en la eventual colaboración prestada por los Servicios de Inteligencia a la lucha irregular contra ETA, puesta en marcha a través de los GAL, y en el posible conocimiento que de esta lamentable actuación hubieran podido trasladar a las más altas magistraturas del Estado. En definitiva, era consecuencia del “jaque mate” que entonces planteaban las “microfichas” con información clasificada en poder del coronel Juan Alberto Perote, acusado de proporcionárselas a Mario Conde.

La mala gestión de aquel contencioso, concomitante con una larga lista de abusos y escándalos subyacentes en el entorno gubernamental, incluido el delicado territorio de la Seguridad del Estado, condujo a Narcís Serra desde la plataforma “presidenciable” que entonces suponía el emblemático Ministerio de Defensa hasta su irreversible defenestración política. También supuso un impulso importante para que la oposición política liderada por José María Aznar alcanzara su primera victoria en las elecciones generales celebradas el 3 de marzo de 1996.

Prueba evidente de su singular interpretación de los hechos y de su escasa sensibilidad militar, son las “perlas cultivadas” que, aun siendo poco locuaz, fue regalando como ministro de Defensa en los medios informativos del momento. Parte de ellas fueron recogidas por el periodista Graciano Palomo en su libro “El valido - Operación Sibila: la ascensión de Narcís Serra a la Moncloa” (Temas de Hoy, 1992):

• “Señor Presidente de la Junta de Andalucía…” (durante un discurso en el Parlamento gallego).
• “Un avión puede planear, pero a un helicóptero le disparas y hace ¡pam! (con motivo del derribo a pedradas de un helicóptero militar).
• “Señora, no se alarme, esto es sólo una bombeta” (ante TVE, dirigiéndose a una ama de casa cuyo cuarto de estar había sido destrozado por un artefacto desprendido de un avión basado en Torrejón de Ardoz).
• “Un polígono de tiro protege el ecosistema” (defendiendo el campo de maniobras de Cabañeros ante la oposición frontal del pueblo).
• “No se alarmen, sólo es un pequeño susto” (cuando el 21 de julio de 1986 ETA logró explosionar dos granadas de carga hueca en despachos del Ministerio de Defensa contiguos al suyo, produciendo heridas leves a un contralmirante y una grave alteración cardiaca al general Federico Michavila).
• Cuando en julio de 1985 el anuncio oficial de la primera crisis de gobierno socialista coge a Narcís Serra girando una visita oficial a un acuartelamiento militar de Villaverde (Madrid), un periodista presente le pregunta sobre el cese del ministro Fernando Morán y la incorporación al Consejo de Ministros de Fernández Ordóñez (¿Cree que es bueno para España y para el propio Gobierno?). Después de meditar la respuesta, Serra sonríe irónicamente y responde:“¿De verdad cree usted, joven, que le voy a contestar a esa pregunta…?

A continuación, el mismo autor recoge en el mismo libro otra anécdota de Narcís Serra no menos descriptiva de su auténtica personalidad:

No dejan de sorprender también en un hombre tan meticuloso como Serra otros garrafales fallos de tacto, como cuando en octubre de 1988 interpretó al piano en un programa televisivo de “La Trinca” el himno oficioso del extinto Pacto de Varsovia, teniendo en cuenta que él mismo se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros de la Alianza Atlántica. De muy pocos es conocido hasta hoy que el alarde del ministro de Defensa levantó agrios comentarios entre los altos mandos militares de la OTAN, a cuyos responsables costó mucho convencer de que no se trataba de una posición política, sino de una “gracieta” en un programa de “gracietas”.

No obstante, y desde luego salvando la valoración que pueda merecer cualquier información ajena, peor carga personal tendrían algunos otros párrafos también de la misma obra, incluidos en el capítulo titulado maliciosamente “Los años de la leyenda rosa”:

… Sin demasiado fundamento, la intoxicación va tomando cuerpo. La idea de que la “corte” del ministro Serra está repleta de “gente rara” y miembros del Opus Dei se propaga como la pólvora, algo que tiene desconcertados a los militares “tradicionales”. Uno de ellos, poco agraciado físicamente, comenta a un periodista amigo con el que toma unas copas en el pub “113”, situado junto al Ministerio:

-- Chico, aquí para hacer carrera o te haces la estética o te vistes en Givenchy o haces pasillos con el rosario en una mano y un cirio en la otra.

Los rumores van “in crescendo”, y en el verano de 1986 por el Ministerio y los medios militares circula profusamente un panfleto escrito con gracia, titulado “La fiesta nacional”, que alguien firma con el seudónimo del soldado Eloy Gonzalo “Cascorro”. Son catorce folios perfectamente mecanografiados y fotocopiados. En ellos se lee:

“Hay revuelo en la arena política. En el aire se huele a torero, se siente la fiesta. La polémica y los retos embisten al viento de las ideologías (…)

Saludos, susurros y miradas de soslayo cumplen la espera del punto en boca de la tarde. Los ujieres abren plaza y los clarines de la megafonía anuncian el verbo ilustre de los oradores (…)

De gris perla y plata va Narciso “el Bayonetas”, un socio-torero de poco garbo y valor “se le supone” que, a pesar de su vocación de teniente cupletero, nunca presentó armas ni practicó variedad alguna de la “gallardita”, suerte tan acreditada en los medios cuarteleros.

Narciso “el Bayonetas” acumuló con el tiempo todo un sinfín de otros apodos, según las armas y los cuerpos donde nacieran. Así, la marinería, entre la que tenía gran predicamento, le llamaba “Barquerito de las Ramblas”, los artilleros “Cojoncitos”, los del Aire “Narciso el polivalente”, “Pianista de la Trinca” los mal pensados del CESID y la basca legionaria en vez de “El novio de la muerte”, “La novia de Reverter” (ojo: no el torero, que era Reverte, sino el droguero, que era su mamporrero jefe de noche).

Finalmente, y para chinchar a Reverter “el Droguero”, sus soldaditos de Pavía particulares y chupalculzas de confianza le llamaban cariñosamente “Aromas de Montserrat”. ¡Si el caballo de Espartero levantara la cabeza!”.

A partir de 1996 Narcís Serra ocupó la secretaría general del PSC hasta ser sustituido por José Montilla en el año 2000, manteniendo también de forma sistemática su escaño como diputado a Cortes por la circunscripción de Barcelona durante cinco legislaturas seguidas, desde 1986 hasta 2004.

Apartado progresivamente de la política activa, en el año 2000 Serra fue nombrado presidente de la Fundación CIDOB (Centro de Estudios Internacionales de Barcelona) y, en paralelo, de su fundación filial IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals). También es miembro del Capítulo Español del Club de Roma, patrono de la Fundación Consejo España-EEUU y copresidente del Foro España-Italia y del Foro España-Francia.

En marzo de 2005 accedió a la presidencia de la entidad financiera Caixa d’Estalvis Catalunya, cargo compaginado con otras responsabilidades empresariales en diversos Consejos de Administración (Telefónica Internacional SAU, Telefónica Chile, Telecomunicaciones de Sao Paulo, Gas Natural, Libertytown, Volja Plus…).

Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, traicionó su definitivo sentimiento “neoliberal” cuando, ni corto ni perezoso, desarrolló como presidente de Caixa Catalunya una intensa campaña con la pretensión de que el Gobierno socialista “recapitalizara” de forma generalizada todo el sistema de Cajas, es decir que el Estado aportara un “manguerazo” de dinero público (del conjunto de los españoles) a todas ellas sin distinción para superar la mala gestión de sus últimos responsables (“El Mundo” 01/04/2009). La fórmula que propuso Narcís Serra, especialmente criticada por la Asociación Española de Banca (ABE), que consideraba más adecuado discriminar entre las entidades que tuvieran problemas y las que no, fue descartada totalmente por Pedro Solbes, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, por su elevado coste y sus dudosos efectos.

En el marco de aquellos particulares intereses, se daba la circunstancia de que la Fitch Ratings, agencia vanguardista de evaluación global, había rebajado el 13 de marzo de 2009 la calificación de la Caja presidida por Serra a BBB+ “por el negativo impacto en su rentabilidad del ajuste de la economía española y del sector inmobiliario”. Esta calificación suponía el escalón más vulnerable de las entidades situadas al borde de la calidad crediticia, compartida con otras cuatro Cajas (Sabadell, Layetana, Tarragona y Caja Círculo Católico de Obreros de Burgos), pero siendo entre ellas la de mayor tamaño y con peores implicaciones técnicas. La Caja de Castilla-La Mancha (CCM) estaba en ese escalón hasta bajar a BB antes de su intervención oficial.

Por su parte, el presidente del banco JP Morgan en España y Portugal, Enrique Casanueva, también había presentado un informe en el Foro de la Nueva Economía advirtiendo que, después de CCM, la entidad importante que peor combinación presentaba de morosidad y solvencia era Caixa Catalunya. De hecho, terminó el Ejercicio de 2008 con una morosidad media del 5,28 por 100, mientras que su “Tier One”, el coeficiente de capital básico que es un referente de solvencia, se movía en el 6,34 por 100, situado en la parte baja del sector.

En el ámbito cultural ha ejercido como presidente del Patronato del MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), presidente de la Fundación Caixa Catalunya y miembro del Patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Nota de ampliación biográfica remitida por uno de nuestros lectores

Durante el mandato de Narcís Serra como ministro de Defensa, se aprobó la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal militar Profesional, cuya Disposición Transitoria Quinta cercenó los derechos adquiridos e impidió el ingreso en la Escala Auxiliar (EAUX), con el empleo de Teniente, de los Subtenientes de las Armas y del Cuerpo de Especialistas, a pesar de tener aprobado el curso y obtenido la aptitud para el ingreso en la Escala Auxiliar y el Cuerpo Auxiliar de Especialistas (CAE) del Ejército de Tierra, habiéndose publicado en el BOD la Orden Ministerial de dicha aptitud y posterior escalonamiento por la puntuación obtenida en el mencionado curso.

En esta injusta situación permanecieron los componentes de los cursos afectados (XXXII al XXXV de la Escala Auxiliar (EAUX) y IX al XVI del Cuerpo Auxiliar de Especialistas (CAE), mientras estuvo en el poder el Partido Socialista Obrero Español, recurriendo de forma infructuosa tal injusticia ante las instancias pertinentes. Cuando accedió al poder el Partido Popular, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, restituyó parte de los derechos de este nutrido grupo de suboficiales, aunque lamentablemente después de 34 años continúan intentando recuperar todos los derechos que creen les pertenece.

FJM