TELEFONO MOVIL E INTERNET, TU ESPIA PARTICULAR.

El juego de los espías dejó de ser cosa de unos pocos especialistas al estilo agente 007 desde que la informática, Internet y los móviles entraron en nuestras vidas. Siempre conectados, con buena parte de nuestra vida que se desarrolla en las redes y todos nuestros datos personales almacenados en servidores repartidos por el mundo, se ha producido lo que se puede llamar democratización del espionaje. Es parte del precio a pagar por tantas cosas buenas que nos da la tecnología.
A continuación vamos a exponer cómo estamos siendo espiados sin saberlo mediante dicha tecnología.
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DESPERTARES
El espionaje a escala global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos desvelado en su día por Edward Snowden sólo es la cúspide de una gigantesca pirámide en la que los estados se espían los unos a los otros, espían a los ciudadanos y las grandes corporaciones practican el mismo deporte a escala industrial. Además, gracias a la moderna tecnología, todos pueden jugar a ser espías: las empresas espían a sus empleados, las parejas se espían entre sí y hasta los padres espían a los hijos.
El GPS es un buen ejemplo de esa servidumbre. Bendita herramienta del mundo moderno, ya sea como un módulo separado, integrado en el navegador o en los móviles, el Sistema de Posicionamiento Global es el caso perfecto de doble uso de la tecnología con la cual se puede averiguar dónde estás en todo momento.
Y si no que se lo digan a los agentes de la Guardia Civil española espiados por la propia Guardia Civil. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictaminó que la Dirección General del Instituto Armado había infringido los derechos de los agentes al usar el GPS instalado en los coches oficiales para saber dónde se paraban y por cuánto tiempo lo hacían. “Aunque se refiere al ámbito policial, esto es ampliable a cualquier otro supuesto laboral.
6 cosas que deberías saber sobre tu móvil:
  • Según Edward Snowden, los gobiernos pueden tomar el control de los smartphones enviando mensajes de texto ocultos que permiten apagar y encender el teléfono, activar y escuchar mediante el micrófono, localizar geográficamente el mismo, tomar fotografías, leer mensajes de texto, registrar las llamadas, las páginas web visitadas y ver la lista de contactos. Además, este tipo de Spyware (software espía) se encuentra disfrazado y oculto intencionadamente para no dejar rastro de su existencia.
  •  Los teléfonos Samsung vienen de fábrica con aplicaciones que el usuario no puede borrar, las cuales envían tanta información que la transmisión puede salir muy cara a los usuarios. Dicha transmisión no solicitada debe suponer claramente algún tipo de espionaje.
  • Los teléfonos con chip Motorola escuchan la voz de forma permanente. Millones de Smartphones implementan dicho chip como procesador principal.
  • El software espía (Spyware) en dispositivos Android (teléfonos, tabletas, etc) y portátiles: La publicación “The Wall Street Journal” informa en un artículo que el FBI  puede activar remotamente el GPS y el micrófono en móviles Android y portátiles. (Posiblemente también incluya portátiles Windows). Aquí hay más información.
  • Los teléfonos móviles con GPS pueden enviar la localización geográfica mediante una solicitud a distancia sin que el usuario pueda impedirlo: http://www.aclu.org/government-location-tracking-cell-phones-gps-devices-and-license-plate-readers. (El gobierno americano ha afirmado que requerirá que todos los teléfonos nuevos incluyan GPS)
  • Multitud de aplicaciones muy conocidas llevan a cabo todo tipo acciones espía y de rastreo de datos e información como la agenda, las conversaciones, llamadas, lugares, costumbres, etc.
NSA: Pinchazos en el cable de Internet y las redes locales
Para capturar el tráfico de lo que transita por Internet, la NSA (agencia de seguridad americana) tiene sistemas distribuidos por todo el mundo que actúan de sniffers (espías de comunicaciones) como X-Keyscore – del que se filtró un mapa de las ubicaciones de sus servidores, así como la operación Tempora mantenida a medias con sus socios del Global Communications HeadQuarters británico dotan a la NSA con una capacidad de escuchar entre el 1% que dicen ellos, y el 96% que afirman los analistas, del tráfico de Internet para capturar datos de todo tipo.
Por si fuera poco ese tráfico capturado en la red principal, la NSA cuenta con un programa de inmersión dentro de las redes locales conectadas a Internet, hackeando dispositivos expuestos, tales como routers, switches, cámaras de vídeo-vigilancia o impresoras. Para conseguir ese acceso, los miembros de la NSA realizan tareas puramente de hacking o directamente fuerzan a los fabricantes a dejar fallos de seguridad en sus productos o cuentas de usuarios de backdoor que les permitan tomar el control en cualquier momento.
Si llegado el momento apareciera la necesidad de colarse dentro de un sistema, desde la propia herramienta de X-Keyscore es posible explotar las vulnerabilidades y tomar control de un sistema, aunque eso signifique equivocarse miles de veces y colarse dentro de los sistemas por error.
El cifrado
por otro lado, si los datos están cifrados, no sólo te hacen merecedor de una atención extra por ser un posible “terrorista“, sino que además desde el año 2010 se ha trabajado en un programa llamado Bullrun por el que se han estado recopilando las claves de descifrado. Para ello la NSA cuenta con un programa de varias fases:
1) Consiguiendo entidades de certificación intermedias que no alerten de ataques man in the middle.
2) Solicitando las claves de descifrado “legalmente” a las entidades de certificación.
3) Consiguiendo de forma ilicita y mediante intrusiones las claves no disponibles.
4) Incidiendo en la inserción de agujeros de seguridad en la tecnología en los comités de certificación internacionales.
La primera de las opciones consiste en montar una infraestructura similar a la que tiene el Gran Firewall Chino, solo que con la ayuda de que las principales entidades de certificación en Internet son americanas. La segunda de ellas, está basada en hacer uso del Acta de Patriotismo y la Foreing Intelligence Survilliance Act. La tercera de ellas consiste en hacer algo de hacking usando el control de los dispositivos de la red y los exploits de X-Keyscore (por ejemplo) o preparar una operación APT contra el dueño de las llaves.
La última de ellas, la de incidir en los comités de certificación e inducir a la construcción de standards de seguridad y sistemas de cifrado inseguros es la más crappy de todas inyectando en ellos bugs que les permitieran descifrarlos. El crear una operación de tal magnitud exige un conocimiento tecnológico, una preparación previa y un trabajo de años para lograrlo. Y ellos lo hacen.
De hecho los algoritmos de cifrados de ciertos productos aparecen limitados y prohibidos para su uso fuera de USA y sistemáticamente año tras año, en conferencias de hacking, los investigadores de seguridad encuentran agujeros de seguridad y fallos (bugs) en las implementaciones de los sistemas de cifrado, como recientemente sucedió con la implementación del 3DES en el MS-Chapv2. ¿Lo sabrían desde sus orígenes ellos?
Cuando un investigador publica un bug siempre se dice que es mejor que el mundo lo sepa, por si algún malo lo ha descubierto ya y lo está explotando. Visto esto habrá que modificar un poco la frase para que la gente entienda que ese bug podría haber sido introducido a sabiendas desde el día de la creación del sistema.
La red TOR
En el caso de la conexiones provenientes desde la red TOR también hay sistemas. De hecho se ha visto ya cómo el anonimato en la red no es tan así, y como con el uso de exploits de los navegadores o las huellas digitales de las conexiones se ha podido localizar a clientes, mientras que con el análisis pasivo de datos es posible detectar las direcciones IP de conexión de los servidores.
Esto ha llevado a que se hayan producido detenciones de personas de las que no se sabía muy bien cómo han obtenido la información. Quizás la red TOR ya no es ese refugio de privacidad y anonimato que se pensaba que era.
Los datos
Y si no vale con el tráfico de red, pues siempre se puede tirar del programa PRISM de la NSA y aprovechar que las principales empresas de servicios en Internet son americanas y están sujetas a la ley de los USA, por lo que se pueden solicitar datos para alimentar PRISM a Google, FaceBook, Apple, Microsoft, Yahoo!, etcétera.
Fuera de Internet
¿Y si el dato se produce fuera de Internet? Pues entonces se montan las operaciones de espionaje al uso. Para ello, se ha podido ver cómo la NSA y GCHQ han montado dispositivos de hacking directo de teléfonos o el montaje de redes WiFi falsas en reuniones de G8 y el G20. Además se han puesto micrófonos y troyanizado los faxes en las embajadas de la Unión Europea y países amigos para poder saber qué sucedía e influir en la toma de decisiones, llegando hasta espiar en el cuartel general de la ONU.
También se accede a los registros de llamadas de teléfono tanto de sistemas como Skype, como de registros de operadoras tipo Verizon. Todo por “nuestro bien”, obviamente.
Acceso a los smartphones
El prestigioso periódico alemán Der Spiegel informa de que además tienen acceso a la mayoría de los smartphones de los usuarios, hackeando BlackBerry, iPhone y Android.
BlackBerry ha dicho que no tiene puerta trasera (no olvidemos que la empresa es de Canadá) – lo que podría significar que lo hacen con exploits como se vio en el caso del espionaje al G8 y G20 – sin embargo, con Android, iPhone y Windows Phone se especula con la existencia de puertas traseras o acceso a las copias de seguridad. No olvidemos que se ha reportado que la NSA está enviando código de Android y que la mayoría de los terminales iPhone o iPad hacen backup en iCloud y por supuesto sin cifrar.
En su día, anonymous publicó un fichero con datos de los dueños de los sistemas iPhone & iPad que decía había conseguido del equipo de un miembro del FBI. Posteriormente esto fue negado por el FBI e incluso una empresa reclamó que había sido ella la víctima. ¿Sería una cortina de humo para frenar la filtración?
Cortina de Humo
Y para no variar, el gobierno de los USA ha estado acusando sistemáticamente a los chinos como los principales ciberespías de Internet. Informes como el de APT1 o el informe anual de ciberseguridad remitido al congreso apuntaban a las malas artes de los chinos malos que se cuelan en las redes para espiar a los buenos.
Y mientras pasa todo esto, pretenden mostrar  su cara más amable con juegos de criptografía, como el criptograma Kryptos del FBI, para que se vea que ellos se ocupan de cosas buenas.
La red móvil GSM
Según la Asociación GSM (GSMA o GSM Association), dice que GSM en 2008 es el estándar en telecomunicaciones móviles más extendido en el mundo, con un 82% de los terminales mundiales en uso.1 GSM cuenta con más de 3000 millones de usuarios en 159 países distintos, siendo el estándar predominante en Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, y con gran extensión en América del Norte.
A fecha de hoy, con 20€ y un ordenador con una distribución gratuita de Kali Linux, cualquier persona con ciertos conocimientos puede realizar capturas de todo el tráfico de una celda de la red GSM para más tarde, en su casa, descifrar el tráfico en busca de llamadas y mensajes cortos, ¿A que pone los pelos de punta? Pensad en ello la próxima vez que habléis o recibáis un SMS con una información sensible.
Tarjeta RTL-SDL por USB para escuchar la red móvil GSM
En casi toda Europa se utiliza este viejo algoritmo que debería de proteger nuestras comunicaciones móviles y que se sabe ya desde hace al menos 4 años de su probada y refinada vulnerabilidad por lo que es necesario que en Europa, donde el sentir de la ciudadanía es alto hacia la privacidad, debería liderar un cambio a tecnologías que garanticen más privacidad, sobre todo después de todo lo que hemos vivido durante estos últimos tiempos con las técnicas de espionaje de la NSA.
CONCLUSIONES
Desde luego, la tecnología a fecha de hoy permite que la privacidad de los ciudadanos se haya eliminado por completo. Tenemos en nuestros domicilios y llevamos encima continuamente dispositivos que tienen ojos, oidos, localizadores y todo tipo de funcionalidades que con los medios y conocimientos adecuados permiten averiguar cualquier cosa sobre cualquiera.
Adicionalmente, leyes como el Patriot Act americano se están utilizando en diversos países como excusa para espiar al ciudadano mucho más allá de todo  límite.
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Fuentes y más información: huffington post, gnu.org, la NSA espía en Internet, Un informático en el lado del mal
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Publicado por La Voz Periodística
El CNI compró el silencio de Bárbara Rey, amante de Juan Carlos I, con fondos reservados en Luxemburgo

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·         Manuel Cerdán17/01/2017 03:45

Espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la actriz Bárbara Rey. Los pagos respondían a una operación secreta de los servicios de información a fin de que la vedette murciana no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el rey Don Juan Carlos y no difundiera unos vídeos privados. Los agentes abrieron una cuenta bancaria el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), según queda acreditado en la documentación que OKDIARIO tiene en su poder.

La cuenta secreta tenía asignado el número 55-209185-88-1 y estaba calificada como “compte kt plus”, un servicio de mayor remuneración financiera. Para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios figuraba a nombre de la firma comercial W.K Dibiapur, una sociedad off shore constituida en un paraíso fiscal. No obstante, OKDIARIO no ha localizado ninguna instrumental con esa denominación en los bancos de datos internacionales de sociedades. El nombre “Dibiapur” corresponde a una ciudad del estado de Uttar Pradesh de la India.

Además de utilizar esa pantalla para preservar el anonimato, los verdaderos titulares se beneficiaban del uso de “seudónimos” para cualquier operación de imposiciones o transferencias. En los extractos de los movimientos de la cuenta figura un pago anual de 2.500 pesetas (unos 15 euros) por el concepto, según la terminología bancaria, en francés, de “pseudonyme”.
El dinero transferido al Kredietbank luxemburgués y a otras cuentas anexas, según las fuentes del CESID, procedía en su mayor parte de las arcas de los fondos reservados del desparecido CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), según han confirmado a este diario antiguos altos mandos de los servicios secretos. Este departamento, en 2002, pasó a llamarse CNI (Centro Nacional de Inteligencia).
Los fondos reservados son partidas que se aprueban en los presupuestos del Estado para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Al ser fondos opacos, las autoridades que los gestionan no están obligadas a identificar a los receptores ni a los beneficiarios últimos.

La respuesta de Bárbara Rey

Bárbara Rey ha manifestado a OKDIARIO que ella jamás se benefició de ese dinero ni tuvo a su nombre una cuenta en Luxemburgo: “Si alguien la abrió y la usó sabrá qué hizo con el dinero. Nunca he estado en Luxemburgo en ese banco. Yo no sé nada ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño”, aseguró
Sin embargo, Bárbara Rey sí reconoce al periodista que, en aquellas fechas, mantuvo una reunión con un agente del CESID que le propuso su silencio y seguridad a cambio de dinero. El intermediario-espía le fue enviado por un amigo íntimo del Rey. La actriz insiste en que prefiere permanecer callada: “Por mi seguridad y la de todos los míos”, según sus palabras exactas.
La artista murciana guarda silencio pero OKDIARIO conoce de fuentes directas del antiguo CESID cuál fue la oferta que le hizo el emisario en el encuentro que mantuvo con ella en la cafetería Riofrío de Madrid: tres millones de euros (500 millones de pesetas), en entregas mensuales de 25 millones de pesetas.
La cifra propuesta coincide con la primera transferencia recibida en la cuenta de Luxemburgo: 26.319.063 pesetas (unos 160.000 euros). A cambio el agente secreto le exigía la entrega en un maletín de unas cintas magnetofónicas y de vídeo que la actriz, supuestamente, había grabado al Rey mientras fue su amiga durante casi 20 años. El material que la cantante guardaba en la caja fuerte de su casa ya había sido verificado por otros intermediarios de los servicios secretos
A mediados de los noventa la cifra de 26,3 millones de pesetas suponía una cantidad importante, sobre todo, si su percepción era mensual y en dinero negro. Con esos fondos un ciudadano podía comprarse al contado un buen piso de tres dormitorios en el centro de Madrid y un Mercedes Berlina.
Según fuentes del espionaje español, María García García, el nombre real de Bárbara Rey, pasaba en aquellos años por dificultades económicas y los responsables de la inteligencia española valoraron su situación como un “un asunto de Estado de alto riesgo”.
“Sabíamos que debía la hipoteca de su casa, que tenía deudas con amigos e, incluso, que había pignorado sus joyas, excepto una que le había regalado Su Majestad. Si aquellas grabaciones caían en manos no apropiadas podían desestabilizar  a las más altas instancias del país”, reconoce a OKDIARIO un ex alto cargo del antiguo CESID.
La cuenta principal, abierta en el Kredietbank Luxembourg, fue cancelada en abril de 1997 poco antes de que estallara el caso Bárbara Rey. La actriz murciana denunció en una comisaria madrileña las presiones que estaba recibiendo, según ella, de amigos del Rey y de los servicios secretos. Los  acusó de robarle material gráfico y sonoro en su domicilio familiar. La denuncia nadie la investigó y la vedette murciana tampoco insistió. Tras el escándalo en los medios de comunicación, Bárbara Rey nunca más volvió a ver a su amigo el Rey, según reconoce la propia actriz.
En aquellas fechas, el saldo de la cuenta luxemburguesa era de 26,5 millones de las antiguas pesetas, pero las fuentes del CESID reconocen que, paralelamente, existieron otras cuentas opacas: “No sólo en Luxemburgo, también en Suiza habíamos abierto cuentas secretas a nombre de identidades falsas y de sociedades interpuestas. Incluso, antes del verano de 1997 salieron de nuestra sede 40 millones de pesetas de los fondos reservados para comprar voluntades en el caso Bárbara Rey. El destino del dinero lo desconozco”.
Bárbara Rey también niega que recibiera ese dinero: “Si esas cantidades fueran para comprarme, les habría salido muy barata”, asegura. A la pregunta de este periodista de si fuera el pago de un primer plazo, la vedette murciana responde que “tampoco. Él nunca movió un dedo por mí”.
Se da la coincidencia de que el dinero ingresado en la cuenta del Kredietbank Luxembourg coincidió en el tiempo con la publicación de la existencia de un nidito de amor –así lo denominaban los agentes- que los servicios secretos habían montado para altas personalidades en una vivienda de la zona residencial de Pozuelo de Alarcón.
Ahora, por primera vez, un medio de comunicación saca a la luz documentos en los que se demuestra las relaciones de amor/odio entre Bárbara Rey y el espionaje español. Los datos desvelados por OKDIARIO pueden ser el hilo por el que se llegue al ovillo.



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Se puede vigilar con cámara a los empleados sin avisarles

POR Mercedes SerrallerMadrid
Los tribunales amparan a una empresa que puso cámaras para detectar quién robaba material y se lo comunicó al comité, pero le rogó que no lo contara a la plantilla para que la medida tuviera éxito. 
Las empresas pueden vigilar a sus empleados con cámaras sin advertirles de que están siendo grabados. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que añade esta novedad a los pronunciamientos de los tribunales sobre el uso de cámaras en el lugar de trabajo, que suelen ser favorables al empresario siempre que haya avisado a sus trabajadores.
El caso afectó a la empresa dedicada a la fabricación de envases y botellas de plástico Alción, que detectó la desaparición de material empleado en producción que se encontraba almacenado en el centro de trabajo. Ante esta situación, decidió establecer un sistema de videovigilancia en sus instalaciones, que fue inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con un fichero con el nombre de "Videovigilancia" y con la descripción "grabación de imágenes para seguridad". 
La empresa comunicó al comité la instalación de cámaras en diversos lugares visibles de los almacenes, rogándole que no lo trasladara a la plantilla con el objeto de velar por el resultado de la vigilancia. La sentencia apunta que, a pesar de que no se comunicó a los empleados que se les grababa, en el juicio se evidenció que tenían conocimiento del hecho.

Dos palés

En las imágenes grabadas en la madrugada del sábado 11 de mayo de 2013, a las 5.49 horas, puede verse como uno de los trabajadores fichó la salida del turno al haber finalizado su jornada de trabajo. No obstante, el empleado permaneció en las dependencias de la empresa, cogió una carretilla elevadora y se dirigió a una de las naves para coger, en sendos viajes, dos palés cargados de sacos de material cuyo valor ascendía a 1.890 euros. Depositando los palés en el suelo, el trabajador retiró la etiqueta identificativa de Alción Plásticos. A continuación, mantuvo una conversación con una persona no identificada en su teléfono móvil. Tras ello, abrió la puerta de entrada y permitió el acceso de un camión. Una vez dentro, el trabajador cerró la puerta y comenzó a cargar en el vehículo los sacos apilados en los palés y abrió de nuevo la puerta de la nave para permitir que el camión saliera, dejó la carretilla elevadora en su sitio y abandonó el centro de trabajo a las 6:31 horas.
Al día siguiente, en que el trabajador no tenía asignada jornada laboral, accedió al centro de trabajo a las 8:20 horas, sin fichar. Entró a la nave y recolocó los materiales e instrumentos de trabajo para dejarlos como estaban el sábado de madrugada. Y salió por la puerta de acceso de personal, de nuevo sin fichar, alrededor de las 8:41 horas.
La actuación del trabajador determinó su despido disciplinario y el que se siguieran diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción. Frente a la sentencia de instancia, que declaró procedente el despido, el trabajador interpuso recurso de suplicación denunciando la infracción del artículo 18 de la Constitución y de los artículos 4.7, 5.1 y 26.1 de la Ley de Protección de Datos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso y declaró que la colocación de las cámaras de videovigilancia respetaba los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Contra esta sentencia, el trabajador interpuso recurso de casación para unificación de doctrina alegando que no se le había informado previamente y aportando, como sentencia de contraste, la del Tribunal Constitucional 29/2013, que anuló las sanciones impuestas a un trabajador de universidad por faltas reiteradas al trabajo y manipulación de las horas de entrada, al que se grabó sin su conocimiento en el acceso al recinto universitario.Sin embargo, el Supremo entiende que no concurre el requisito de contradicción entre las sentencias y confirma el fallo del TSJ favorable a la empresa.

La doctrina del Tribunal Constitucional: el 'caso Bershka'

  • El Pleno del Tribunal Constitucionaldictó una sentencia de 3 de marzo de 2016 que establece que la instalación por Bershka en la entrada de uno de sus establecimientos del distintivo informativo de "Zona videovigilada" regulado por la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos cumple con la obligación de informar al trabajador de la instalación de dichos sistemas. Por ello, estipula que la obtención a través de cámaras de videovigilancia de imágenes justificativas del despido del trabajador cumple con los requisitos legalmente previstos para la captura y tratamiento de esos datos, pues se han utilizado para la finalidad de control de la relación laboral exigida.
  • Según el Constitucional, este fallo tiene especial trascendencia constitucional, pues le permite aclarar su doctrina en relación con el uso de cámaras en la empresa, para aclarar el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la compañía.Así, concluye que es suficiente la información general. En su sentencia 29/2013, de 11 de febrero, había estipulado necesaria la información específica. 
  • Para el Constitucional, en su última sentencia del Pleno, la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo no requiere del consentimiento del trabajador, pero sí que se le informe, aunque sea de forma genérica. Considera que el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario. Eso sí, subraya la necesidad de proporcionalidad.
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/12/28/5863f5c6e5fdea72078b464e.html


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El Consello da Xunta de Galicia cesa al Secretario de Mar, Carlos Maneiro días después de que Pladesemapesga denunciara ante TSXG la presunta malversación de unos 6 millones de euros fondos europeos.

Descarga comunicado completo y documentos oficiales en: http://pladesemapesga.com/210-el-consello-da-xunta-de-galicia-cesa-al-secretario-de-mar-carlos-maneiro-dias-despues-de-que-pladesemapesga-denunciara-ante-tsxg-la-presunta-malversacion-de-unos-6-millones-de-euros-fondos-europeos     

El Consejo de la Xunta de Galicia celebrado hoy BAJO LA PRESIDENCIA DEL SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO...Firma el "Decreto polo que se dispón o cesamento de Juan Carlos Maneiro Cadillo como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica". El cese se sustancia tras las denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia avalada por la Fiscalía Europea OLAF, sobre la creación de cuatro convenios y una consultoría por las mismas actividades, que no existen en el registro de convenios de la Xunta de Galicia como es de obligado cumplimiento y de los que la Comisión de Transparencia de Galicia sigue curso.

Estos convenios de fondos europeos, podrían haber desviado más de 6 millones de euros, en este momento sin cuantificar, trasladados a Madrid por la Diputada y Conselleira do Mar, Rosa Quintana, siendo utilizada la Casa de Galicia en Madrid para firmar los acuerdos entre la Sra Quintana y el Decano de los Ingenieros Navales, cuyo destino del dinero público es una Comisión creada al efecto que preside Carlos Maneiro encargado de hacer desaparecer el dinero público.

Tras llegar a conocimiento de PLADESEMAPESGA, traslada los hechos a la Fiscalía Europea que en su informe del Nº OF/2016/0369/01 informa de la existencia de los citados convenios y la consultoría que niega la Sra Rosa Quintana y su Secretaría Xeral Técnica junto al Sr Maneiro, cargados a los Fondos Europeos de Pesca.

Ante las negativas a aclarar o desmentir, Pladesemapesga trasladaba el expediente al Juzgado, correspondiendo al Nº 5 de Instrucción en A Coruña...Y al Consello Galego de Contas y Comisión de Transparencia de Galicia, cuya respuesta del Consello Galego de Contas se inhibe a favor del tribunal de Cuentas por ser la competente en estos casos.

Estos convenios de la Sra Rosa Quintana y el Sr Carlos Maneiro ya fueron solicitados en el Parlamento de Galicia bajo iniciativa de Marisol Soneira Tajes ex Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia y José Luís Méndez Romeu portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia el día 6 de Abril de 2016, sin que nadie de la Xunta de Galicia haya respondido, aclarado o desmentido.

Tras el largo recorrido judicial y a la vista del resultado de las últimas elecciones, la Sra Rosa Quintana Carballo sale Diputada al Parlamento de Galicia y renueva su cargo como Conselleira de Mar del Gobierno de la Xunta de Galicia;

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/InformacionInstitucional/ComposicionGrupos.aspx#sec2.1     

Esto motiva que a la luz del "aforamiento" de la Sra Rosa Quintana las diligencias judiciales que se siguen en el Juzgado corresponderían al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, razón esta por la que PLADESEMAPESGA en escrito de fecha 5 de Diciembre solicita al juzgado la remisión de los autos al TSXG, por ser el competente para la investigación y procesamiento de Carlos Maneiro y Rosa Quintana si procede a la vista de las pruebas e investigaciones.

Todo esto trae como consecuencia el CESE del Sr Carlos Maneiro Cadillo, tratando de evitar así que las irregularidades puedan salpicar al Gobierno del Partido Popular de Galicia

Descarga comunicado completo y documentos oficiales en: http://pladesemapesga.com/210-el-consello-da-xunta-de-galicia-cesa-al-secretario-de-mar-carlos-maneiro-dias-despues-de-que-pladesemapesga-denunciara-ante-tsxg-la-presunta-malversacion-de-unos-6-millones-de-euros-fondos-europeos  
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Ahora ya sabemos lo que todos sabíamos , quién ordenaba a nuestros compañeros ASESINAR. Los mismos que ordenaron y organizaron la delictual operación columna, y los mismos que ordenaron no ejecutar las sentencias ganadas por los Guardias Civiles Democráticos y los que ordenaron ejecutar las sentencias favorables a los asesinos de ETA. Ahora qué va hacer Fiscalía, Qué harán nuestros responsables políticos, se quedarán mirando para otro lado. Una cosa tenemos clara, exigimos el mismo trato para los miembros de las FSE que se les ha dado a ETA y un proceso de paz que termino consolida la paz.
La contrición de Amedo

fuente : El Mundo.
José Amedo Fouce, ex miembro de la Polícia implicado en la lucha...
José Amedo Fouce durante la presentación de su libro en verano. JAVIER BARBANCHO
Firma un documento de interés periodístico en el que asegura que está totalmente arrepentido y que reniega de sus acciones
El documento que hoy publicamos, rubricado por el ex subcomisario José Amedo Fouce, es de extraordinario interés periodístico por dos motivos. El primero es que expresa su «total arrepentimiento» por haber participado en la organización de los GAL y asegura que «reniega» de su pertenencia al «grupo parapolicial» que perpetró el asesinato de etarras en el sur de Francia en los años 80. Y el segundo motivo es que pide al Estado que reconozca que los GAL fueron creados por la cúpula de Interior y que asuma las responsabilidades correspondientes. 
Amedo solicita también el mismo trato para las víctimas de ETA que para las de los GAL, argumentando que el sufrimiento ha sido igual para todas ellas. Para valorar la importancia del texto que damos a conocer es preciso recordar que el subcomisario Amedo Fouce fue detenido por el juez Garzón en 1988 bajo la acusación de haber participado activamente en la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia. Fue condenado en 1991 a 108 años de cárcel por la Audiencia Nacional. Salió en libertad condicional en el año 2000. Seis años antes, José Amedo y su compañero Michel Domínguez habían confesado a EL MUNDO su implicación en los hechos tras dejar constancia de que no querían ser cómplices de la corrupción que había detrás del montaje del Ministerio del Interior. 
Gracias a sus revelaciones y las pruebas que aportaron, el Tribunal Supremo abrió una investigación penal que, tras una serie de accidentes, acabó con José Barrionuevo, ministro del Interior; Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado; Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, y otros mandos policiales en el banquillo. El Supremo los consideró responsables del secuestro de Segundo Marey y los condenó a penas de cárcel, pero el Gobierno presidido por Felipe González jamás asumió su responsabilidad política ni reconoció su implicación en los hechos. 
Han pasado más de 30 años desde el primer crimen de los GAL y, al margen de estas sentencias, ningún Gobierno ha querido investigar lo sucedido, ni se han abierto los archivos policiales ni tampoco se ha asumido lo que hoy parece obvio: que la guerra sucia fue organizada desde el Ministerio del Interior, probablemente con el auxilio de los servicios secretos y algunos cuerpos de la Seguridad del Estado. Amedo enfatiza esta pasividad y escribe: «Considero ineludible que el Estado asuma la responsabilidad en la creación de los GAL y explique a la sociedad española sin ningún tipo de ambages las causas que llevaron a su Gobierno a decidir luchar contra ETA de manera ilegal e inmoral». 
Una exigencia que choca todavía con serios obstáculos, ya que la banda asesinó a más de 800 personas y no ha entregado las armas ni se ha disuelto. Las heridas siguen vivas a pesar del transcurso del tiempo y todavía hay cientos de etarras que cumplen sus condenas. Nuestro periódico es consciente de que las propuestas de José Amedo pueden provocar un rechazo moral en las víctimas y un sector de la sociedad española, pero también creemos que carece de sentido que el Estado no haya investigado los hechos ni asumido su participación, que ya reconocen sus propios protagonistas.

JOSÉ AMEDO FOUCE
La Historia nunca hay que olvidarla, y si ha sido nefasta para nuestro país mucho menos. Aun así, la madurez genera reflexión y desde esa perspectiva considero que ETA no debió existir, pero también estoy totalmente en contra de que se crearan los GAL y reniego de mi pasado vinculado a este grupo parapolicial, de lo que estoy totalmente arrepentido. Es posible que una cosa conllevase la otra, pero los Grupos Antiterroristas de Liberación fueron creados, amparados y financiados por el Estado y eso fue totalmente deleznable. El Estado es imprescindible, es instrumento, pero instrumento necesario, de manera que si se destruye, nos quedamos sin los objetivos que lo legitiman y que constituyen su razón de ser, la buena razón de Estado. La primera tentación contra el Estado es el olvido de su legitimidad y de sus límites, es decir, la utilización del poder para, luchando contra los terroristas, emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor enemigo del Estado es la mala razón de Estado, como la empleada con la creación y puesta en funcionamiento de los GAL, además de la coraza justificatoria de los desmanes y de la conducta del poder político, simplemente utilitarista, pragmática e inmoral que se interpuso para evitar el esclarecimiento de las actividades de este grupo que activaron políticamente para actuar ilegalmente contra ETA en el sur de Francia. 
Bajo mi criterio, son perfectamente rebatibles las afirmaciones del Gobierno de que no existe constancia de ninguna responsabilidad política en la creación de los GAL y, por consiguiente, tampoco en los crímenes que cometieron. Resulta inadmisible que los gobernantes no reconozcan todas las responsabilidades que les conciernen, derivadas del uso abusivo del poder que les otorgaron los ciudadanos. Su obligación es investigar para esclarecer -en el caso de los GAL- estos hechos ante la sociedad y la Justicia, facilitando que esta indague por el uso de los fondos reservados, cuando ya hace años que los jueces han manifestado que existen fundadas sospechas de que con ese dinero se financiaron las actividades de este grupo parapolicial. En general, hemos asistido asombrados e indignados a una serie de exculpaciones de las actuaciones criminales de este grupo, que han procedido del Gobierno y de su partido, y que parecen una confirmación implícita de haber estado implicados en ellas. 
Hemos escuchado que la mayoría de los delitos cometidos por este grupo entre 1983 y 1987 son explicables si se atienden a las circunstancias de aquellos años. Como si en aquellos años los gobernantes, cual poder absoluto, esto es, no democrático, estuvieran exentos de cumplir las leyes y tampoco tuvieran que rendir cuentas de sus actos ni a la Justicia ni a los ciudadanos. Insinuar la prescripción de aquellos hechos, además de ser jurídicamente falso es políticamente irresponsable. Nunca prescribe la obligación de los gobernantes de dar cuenta de sus actuaciones ante la opinión pública, sobre todo cuando al cabo del tiempo le llega a esta la información de nuevos elementos, hasta entonces desconocidos. 
Sugerir que amplios sectores de la sociedad aprobaron este tipo de crímenes de Estado, además de no estar contrastado, no debe interpretarse como una justificación de los mismos, sino que, de ser cierto, debería producir una gravísima alarma acerca de la salud de nuestra democracia, pues esta se basa en el reconocimiento general del imperio de la ley, igual para todos. Si este fuera el caso, es obligación de los gobernantes no apoyarse en tal estado de opinión, sino hacer todo lo posible por contrarrestarlo con conductas ejemplares, pues tales ideas significan un ataque directo a la esencia del Estado de Derecho. Por consiguiente, considero imprescindible que el Estado asuma sus responsabilidades en la creación de los GAL y explique a la sociedad española sin ningún tipo de ambages las causas que llevaron a su Gobierno a decidir luchar contra ETA de manera ilegal e inmoral 
En consecuencia, el reconocimiento por parte del Estado del daño causado por la actuación de los GAL al margen de la ley contra la banda terrorista vasca contribuiría de manera sustancial a su disolución y desarme. Circunstancia esta que afecta de lleno al propio Estado en cuanto a su responsabilidad de crear las condiciones oportunas para que el cierre definitivo de ETA sea claro, algo que choca con un final estrictamente policial. Como ha dicho el protavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, «alguien, en nombre de ETA, debe decir claramente que han tomado la decisión colectiva de abandonar su actividad y hacerlo de manera incondicional, unilateral, entregando las armas, reconociendo el daño injusto causado y con el compromiso efectivo de no reanudar más la actividad terrorista». Hay que resaltar la importancia de un «final ordenado», no sólo para garantizar un cierre definitivo de ETA, sino también como pilar fundamental en la mejora de la convivencia en Euskadi. De esta manera se reconocería que «la violencia como instrumento de acción política es siempre injusta, negativa y despreciable» y la propia banda asumiría el «injusto daño causado». Hay que acreditar que su final es definitivo y comprometido porque el desmantelamiento estrictamente policial no garantiza que el abandono de las armas es incuestionable. 
Además, el final controlado de la actividad terrorista de ETA por el Estado es la forma más efectiva de atajar definitivamente este dramático problema que tanto daño ha causado a nuestro país. Es la fórmula irrevocable que han utilizado otras naciones que han padecido similares lacras violentas. Sería determinante que todo esto fuese así porque a todos nos afecta este problema, muy especialmente a familiares, a toda la sociedad del Estado y en particular a la de Euskadi. Creo que estamos ante una nueva etapa en la que con buena voluntad y descartando cualquier tipo de prejuicios o recelos se consolidará la paz, la reconciliación y el entendimiento entre vascos y el resto del Estado, estoy seguro de que va a ser así sin género de dudas. Todos debemos esforzarnos en aportar lo mejor de nosotros para alcanzar esta inconmensurable finalidad que tantos años está tardando en llegar. 
Y me refiero en estos términos a la pacificación definitiva del País Vasco y al fin ordenado de ETA, puesto que ya lo decidieron así todos los partidos políticos cuando firmaron el Pacto de Ajuria Enea en 1988 y acordaron que el fin de ETA conllevaría la salida de todos sus presos. En este sentido, el ex lehendakari José Antonio Ardanza desveló en su libro de memorias que el Pacto de Ajuria Enea tenía un apartado no escrito en el que sus firmantes contemplaban incluso la excarcelación de los presos con «delitos de sangre». 
José Antonio Ardanza afirmaba en sus memorias que en las negociaciones del Pacto de Ajuria Enea, suscrito el 12 de enero de 1988, todos los partidos firmantes aceptaron la excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de su actividad terrorista. Aquellos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, mientras que los que hubieran participado en atentados con muerte serían enviados al exilio unos años. 
Ardanza explica que fue el representante de Alianza Popular en la Mesa, Julen Gimón, quien puso la condición de que lo relativo a ese apartado no se hiciera público, aunque admitía que aquellas medidas eran «servidumbres que exigía la solución del problema». El Pacto de Ajuria Enea fue rubricado por PNV, PSE, AP, CDS, EA y EE y hasta la fecha los firmantes de este acuerdo no han anulado el contenido de este documento. 
En cualquier caso, todos los gobiernos que han regido los destinos de nuestro país desde la Transición han tratado de llegar a acuerdos con ETA en plena actividad terrorista con el fin de acabar con la violencia que acosaba a Euskadi y al resto del Estado. Desde la instauración de la democracia, los diferentes gobiernos han protagonizado varios intentos de pactar con ETA un fin de la violencia a través del diálogo. De la etapa UCD, destacan los acuerdos de 1981 entre el ministro del Interior, Juan José Rosón, y los máximos representantes de ETA político-militar. La etapa socialista se caracterizó por las negociaciones de Argel y las llevadas a cabo por el Gobierno de Zapatero, y los gobiernos de Aznar quedaron marcados por las conversaciones de Zúrich. 
De hecho el primer Ejecutivo que negoció con ETA y de manera efectiva fue el de la UCD. Así, en octubre de 1982, y como resultado de las conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el Ministerio del Interior, los miembros históricos de ETApm, los poli-milis de la VII Asamblea leyeron un documento en el que asumieron su trayectoria pasada y se comprometieron a seguir luchando por sus objetivos políticos a través de métodos no violentos, en el marco de un partido de izquierda vasca, cuyo nombre no se especifica, pero que obviamente era Euskadiko Ezkerra. Como consecuencia de las referidas negociaciones se acordó la vuelta de todos los refugiados y la salida de los presos que se acogieron a esta negociación, que debía producirse en el plazo de seis meses. Fueron indultados y excarcelados sin entregar las armas, sin que tuviese ninguna consecuencia política que enfrentase a la UCD con el resto de partidos democráticos. 
El día 17 de mayo de 2005, el Congreso de nuestro país aprobó el diálogo con ETA si dejaban las armas. La moción, inspirada en los pactos de Ajuria Enea y Madrid, defendía el papel de la política en el final dialogado de la violencia y la importancia de la unidad de todas las fuerzas democráticas en la consecución de este fin. Los alemanes y los franceses se reconciliaron enseguida y dejaron la memoria histórica para la literatura y la historia. Hay que mirar adelante. No hay que agrandar las grietas. Es un error, fomentado en muchas ocasiones por quienes crean opinión revolcándose en los odios del pasado, que no hace más que generar más visceralidad. 
Tomando en cuenta todas estas consideraciones que se fundamentan en posicionamientos anteriores y actuales, y ahora que existe un Gobierno sin mayorías, es un buen momento para que los representantes políticos de toda la sociedad española, independientemente de su adscripción ideológica, sean capaces de afrontar definitivamente el fin ordenado de ETA y faciliten el acercamiento de sus presos a cárceles vascas para ir reinsertándolos en un plazo razonable de tiempo y que rehagan sus vidas. Eso sí, después de que asuman el daño causado como lo hacemos los demás, entreguen las armas y se disuelvan. Estimo objetivamente y sin ningún tipo de menoscabo que este grave acontecimiento de nuestra Historia no se debería cerrar en falso, dado que a medio y corto plazo serían más los inconvenientes que los beneficios dadas las circunstancias sociológicas que ETA ha venido arraigando en una gran parte de la sociedad vasca. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de ella considera que el origen de ETA se vincula a las juventudes del PNV -EGI-, de las que salieron quienes posteriormente fundaron la banda terrorista al estimar que el partido nacionalista actuaba sin la necesaria contundencia en la oposición al franquismo por la defensa de la identidad vasca, por lo que podría entenderse que el inicio de ETA es de carácter político en su esencia cognitiva, que el transcurso del tiempo ha dado en calificar el problema terrorista de la banda armada vasca como un conflicto político. 

Igualdad entre víctimas de ETA y los GAL

Está claro que, además de lo expuesto hasta este momento, es una realidad incuestionable que tanto la actuación de ETA como la de los GAL produjeron un elevado número de muertos, sin lugar a dudas por parte de la banda terrorista vasca muchos más que por la organización parapolicial puesta en marcha por el Estado. Pero lo que resulta claro, al margen de cualquier otro cuestionamiento sociológico o de carácter político, es que bajo ningún concepto se pueden establecer diferencias entre unas y otras víctimas de las distintas violencias, es decir, entre las de ETA y las de los GAL, porque esencialmente el intenso dolor y el inconmensurable daño que para el resto de la vida se causa a los familiares es idéntico para unos y otros. Es incuestionable que el sufrimiento del ser humano carece de ideologías, bandos o bien tendencias partidarias. Es tan profundo e intenso como el disparo que lo produce. Tan fulminante y expansivo como la explosión que lo genera. Así es el dolor que sienten las personas víctimas del terrorismo, un dolor al que se añaden la incomprensión, porque no hay razones que justifiquen semejante daño; la soledad, porque determinados sectores de la sociedad parecen no querer enfrentarse con la mirada desolada de las víctimas, y hasta en ocasiones la culpa por ser unas de las que sobrevivieron a las acciones criminales. 
Las víctimas del terrorismo, en cualquiera de sus formas, han sufrido en persona una agresión dirigida a toda la sociedad. La decisión de la Audiencia Nacional de avalar las tesis del Gobierno y negar que víctimas de los GAL perciban la indemnización debida en cuanto a víctimas del terrorismo, vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia o la separación de poderes. El tratamiento jurídico y político que las autoridades del Estado español brindan a las víctimas de ETA y de la violencia política institucionalizada a través de los GAL es notoriamente peor en el segundo de los casos. Esta discriminación entre víctimas añade un motivo de sufrimiento para quienes se ven relegadas a un segundo plano en las políticas públicas de reparación y reconocimiento. 
La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la segunda categoría de las víctimas. En este caso, las víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo y negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y construcción de una paz justa. Así, mientras no se sitúe también a estas víctimas en el centro del espacio público y ciudadano, difícilmente podremos hablar de sociedad pacífica, justa y ordenada. Decisiones como las adoptadas por el Gobierno y la Audiencia en nada contribuyen a este objetivo. 
¿Cómo es posible asumir ese dolor, convivir con él y transformarlo en esperanza? Cuando son incapaces de resolver sus duelos, esta situación coloca a los familiares de las víctimas en un estado de gran vulnerabilidad afectiva y emocional. 
La comprensión de las víctimas es una de las claves para un proceso de paz verdadera. La sociedad y su representación política no pueden huir de su responsabilidad frente a este colectivo para contribuir a su recuperación en un doble sentido: facilitarles el proceso de curación y permitir que las víctimas aporten sus experiencias en la construcción de una sociedad mejor. La discriminación entre víctimas añade un motivo de sufrimiento para quienes se ven relegadas a un segundo plano en las políticas públicas de reparación y reconocimiento. Todas tienen derecho a ser reparadas, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización. La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la segunda categoría de las víctimas. Inmersos en esta dinámica de discriminación que durante años se ha venido utilizando para diferenciar a unas víctimas de otras, existen desde hace tiempo distintos ejemplos de personas que han sufrido las consecuencias de la violencia tanto de ETA como de los GAL que vienen dando un claro ejemplo a la sociedad de que no establecen diferencias entre unas y otras. Así, por ejemplo Sara Buesa reclamaba «para todas las víctimas» lo mismo que para ella, «verdad, justicia, memoria, reconocimiento y reparación». La hija de Fernando Buesa, dirigente socialista asesinado por ETA en el año 2000, abrió con estas palabras el seminario que cada año organiza la fundación que lleva el nombre de su padre y de la que es vicepresidenta. 
El título de esta XIV edición del seminario, Víctimas: ¿Todas iguales o todas diferentes? Caracterización y respuesta ante un fenómeno complejo, profundiza en una materia que centra el debate sobre la convivencia en Euskadi y que a juicio de Buesa debe abordarse bajo la premisa de que todas las víctimas, «del signo que sean, son iguales» en su sufrimiento y tienen los mismos derechos, que las de ETA no lo son más que las asesinadas por los GAL o que cualquier otra persona que haya visto vulnerados sus derechos fundamentales. Así, según Buesa, «cualquier víctima tiene derecho a acceder a la reparación y ver reconocidos estos derechos» dada su condición de haber sufrido un «trauma». La diferencia entre unas y otras, añadió, está en el «origen», en «las causas» de su victimización, y por ello los «abordajes globales y superficiales, que mezclan diversos hechos históricos, generan confusión, disuelven y desdibujan» la realidad de cada víctima. 
Para mí, desde la más objetiva consideración y valoración desde el punto de vista del sufrimiento de las víctimas del terrorismo, indiferentemente de su origen, estas han de unirse a través del sufrimiento, más allá de ideologías y prejuicios. Construir la paz, buscar la resolución política del conflicto, pero también una resolución apoyada en los derechos humanos. Para una gran parte de ciudadanos de Euskadi y de las distintas víctimas, la paz pasa ahora por respetar la legalidad; acercar a prisiones vascas a los presos etarras desvinculados de la banda, entre ellos los enfermos y ancianos; y reconocer la condición de víctimas de ETA, pero también de los GAL y de otras muchas que se consideran dañadas después de décadas de conflicto. 
Todas estas reflexiones las hago desde la más estricta serenidad, la objetividad y el sosiego que trasmite el paso del tiempo. Y todo ello después de haber dedicado toda mi vida profesional a la lucha contra el terrorismo de ETA y de haber sido víctima de cinco intentos frustrados de asesinato por parte de la referida banda armada. Ahora es tiempo para la paz definitiva, la convivencia y el perdón. 
Ser capaz de perdonar es un regalo para uno mismo. No sólo beneficia a la persona perdonada, sino también a la que perdona. Al no perdonar, la persona dañada está encadenada a la persona que le hizo el daño y, mientras no la perdone, no podrá sustraerse al poder que tienen el ofensor y la ofensa sobre ella. Aun así, se da el caso muy frecuente de que el culpable se niega a ofrecer sus disculpas o a mostrarse responsable del daño. Es importante en estos casos ser muy consciente de que el verdadero acto de perdonar se produce con independencia de que el culpable se excuse. 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta todas estas reflexiones que nacen de lo más profundo de mi alma, pido perdón por el sufrimiento que haya podido causar y al mismo tiempo perdono sinceramente a quienes intentaron asesinarme en cinco ocasiones. 


http://www.elmundo.es/espana/2016/12/30/58656ab946163f133e8b464a.html

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Publicado por La Voz Periodística
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