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WASHINGTON LE LLAMA A CONSULTAS POR UNAS DECLARACIONES
El insolente jefe de la OTAN en Afganistán vuelve a poner en un aprieto a Obama.
El general Stanley McChrystal durante una rueda de prensa en Kabul (Reuters).
@Ángel Martínez.- 23/06/2010 (06:00h)
Un lenguaraz; un díscolo; un guerrero solitario que se ha enfrentado en innumerables ocasiones a las estrellas de la Administración Obama. La discreción nunca ha sido una de las virtudes del general Stanley McChrystal, jefe de la OTAN en Afganistán y artífice de la nueva estrategia de EEUU en la guerra. Pero su última perla -una serie de críticas y descalificaciones vertidas contra el presidente y sus principales asesores en un artículo de la revista The Rolling Stone- ha desatado una tormenta política que podría costarle el puesto. La Casa Blanca le ha convocado de urgencia; su destino se decidirá hoy durante una reunión en la que “deberá explicar al Pentágono y al comandante en jefe sus declaraciones entrecomilladas sobre colegas que aparecen en la entrevista”, según un portavoz de Washington no identificado.
Barack Obama está listo para descargar toda su cólera. En el artículo, que verá la luz el próximo viernes, McChrystal afirma que se sintió “desilusionado” tras su primer encuentro con el mandatario, a quien encontró “intimidado” y “desconocedor” de la coyuntura en el teatro de operaciones. También ridiculiza a Joe Biden -“¿Quién es ese?”, pregunta, tras ser interpelado sobre el vicepresidente-, critica al secretario de Defensa Robert Gates y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el almirante Mike Mullen, y tacha de “payaso” al asesor de seguridad James L. Jones.
Suficiente para un cese inmediato. Sobre todo con Gates a la cabeza de Defensa, un duro entre los duros que no dudó en destituir al predecesor de McChrystal, David McKiernan, porque sus tácticas convencionales no lograban sofocar la violencia. Personalidades influyentes en Washington, demócratas y republicanos, demandan a gritos su destitución. Y si McChrystal no fuese el brillante estratega que parece ser y la guerra no suscitase cada vez más dudas, su suerte sería muy distinta.
El general fugitivo
El momento es delicado. El cese del jefe de las fuerzas estadounidense sobre el terreno implicaría una ruptura en la estrategia de refuerzos desarrollada por McChrystal, quien con una serie de ofensivas ha logrado evitar una derrota que muchos consideraban inminente. Sería también un duro golpe moral. Asimismo, la operación lanzada a comienzos de año sobre la región de Marja no ha dado los frutos esperados mientras que la publicitada ofensiva contra el feudo de los talibanes de Kandahar deberá retrasarse. Un reciente informe de la ONU asegura que la violencia ha crecido en los últimos cuatro meses y que los insurgentes tienen cada vez mayor capacidad para ocupar localidades dispersas en el sur y sureste del país. Si el curso de la guerra no cambia, Obama no podrá cumplir su promesa de comenzar la retirada en un año.
Nunca ha habido química entre el general y el inquilino de la Casa Blanca. La presión excesiva que ejerció McChrystal para que Washington aprobase el refuerzo de 30.000 hombres que demandaba provocó un primer encontronazo con el presidente. Tampoco ha escatimado en críticas hacia la actuación de la ISAF y el desconocimiento de las tropas internacionales de las dinámicas internas del país.
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EFE
Berlusconi afirma que los jueces espían a más de siete millones de italianos con escuchas telefónicas
- Autor:María Signo | Corresponsal
El jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró ayer que en su país hay siete millones y medio de italianos espiados por culpa de las interceptaciones telefónicas que se realizan durante las investigaciones judiciales. «Hay 150.000 teléfonos bajo control: considerando 50 personas por cada teléfono, salen así 7 millones y medio de personas que pueden ser escuchadas», argumentó durante su intervención ante la asamblea de la Confederación General de Comercio. «Esta no es una democracia verdadera. No existe tutela de la palabra», se lamentó. Al tiempo, acusó a magistrados y periodistas de formar parte de un grupo de presión que se opone a su proyecto de ley sobre las escuchas telefónicas, que castiga con fuertes multas y penas de cárcel a quien las publique o divulgue.
En un nuevo ataque a las instituciones de su país, Berlusconi se cebó con la Constitución. En línea con lo dicho hace unos días, afirmó que el jefe del Gobierno italiano no tiene el mismo poder que sus colegas europeos a causa de la «arquitectura institucional». Por este motivo insistió en la necesidad de reformar la Carta Magna para hacerla más adecuada a un Estado moderno. Según aseguró, las dificultades que tiene para gobernar y llevar adelante sus proyectos le hacen pensar en dejar la política: «A veces pienso, ¿quién me obliga a hacer esto? Mejor vuelvo a hacer lo que hacía antes o me jubilo», indicó.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, salió al paso de los datos ofrecidos por Berlusconi explicando que en el 2009 no llegaron a 120.000 los teléfonos interceptados, mientras fueron unos 10.000 los micrófonos ocultos para un total de 132.000 escuchas, con un costo de 272 millones de euros. «Los gastos son adelantados por el Estado pero, en caso de condena, van a cargo del condenado», añadió.
Sobre la ley mordaza que limita las interceptaciones telefónicas se está librando un duro pulso entre Berlusconi y Gianfranco Fini, cofundador del Pueblo de la Libertad y presidente de la Cámara de los Diputados, que ha puesto muchas objeciones a la ley. Berlusconi tiene prisa por aprobarla y la querría ya en vigor durante el verano. Tampoco quiere que el texto que salió del Senado sea modificado. Ante las protestas de la oposición, que teme de nuevo la vía de urgencia que negaría la posibilidad de discusión y corrección de la ley, Fini aseguró el martes que la Cámara de Diputados respetará los tiempos legales, lo que haría que la ley deba esperar al otoño para ser aprobada.
Chávez recrudece la represión contra los medios críticos
Un tribunal de Caracas ordena la detención del presidente de Globovisión
- Autor:P. García Otero | Serv. especial
La oposición y los organismos internacionales de derechos humanos elevaron ayer la voz ante un recrudecimiento de la represión del régimen de Hugo Chávez a los medios de comunicación. El último episodio es la orden de detención contra Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión.
Este medio es la única cadena de televisión abiertamente crítica del Gobierno de Chávez y la orden de detención contra Zuloaga, junto con su hijo, tiene lugar apenas días después de que el mandatario venezolano la reclamara en una de sus cotidianas alocuciones televisivas. «Yo no mando meter preso a nadie -señaló el miércoles Chávez -, pero a mí me llama la atención que Zuloaga siga en libertad. Hay un sistema aquí que debería actuar», afirmó.
Zuloaga es acusado por el tribunal 13 de control de Caracas por presunta usura, en relación con un lote de vehículos de una concesionaria de su propiedad que fueron encontrados en una de sus residencias.
«La intención es amedrentar»
La única intención del caso es amedrentarlo, indicó Alberto Arteaga, uno de los más reputados penalistas del país. Funcionarios de la policía política se presentaron la noche del viernes (madrugada de ayer en España) en la residencia del empresario con la intención de apresarlo, pero ni él ni su hijo se encontraban allí. Ayer se desconocía si se iban entregar.
El presidente de Globovisión tiene varias causas abiertas. En marzo fue imputado por difamación, por haber declarado en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que el Gobierno de Chávez apoya a ETA y a las FARC. Globovisión, en tanto, recibe visitas casi diarias de los organismos tributarios, de la Seguridad Social y de la alcaldía de Caracas. Y en su contra se acumulan más de 30 multas que amenazan con quebrarla financieramente.
El lunes, un grupo de desconocidos arrojaron cócteles molotov contra la sede del diario Últimas Noticias (de tendencia chavista) y ayer Francisco Pérez, periodista de Valencia, localidad del centro del país, fue inhabilitado por cuatro años del ejercicio de su profesión por ofensa e injuria contra funcionario público, un delito de desacato que había desaparecido del Código Penal venezolano y fue reactivado por el Gobierno de Chávez. Pérez había escrito en un artículo de opinión que el alcalde de esa ciudad, Edgardo Parra, practicaba el nepotismo en el municipio.

